Si no fuera por la extrema gravedad de lo que está sucediendo, el caso de los espionajes de Madrid podría calificarse sin rubor alguno de sainete propio de un régimen de pandereta. Ocurre, sin embargo, que los protagonistas de esta historia truculenta no son los dirigentes corrompidos de alguna lejana república bananera sino los máximos mandatarios de una de las comunidades de mayor pujanza del Estado español. El vicepresidente del Gobierno de Madrid, Ignacio González, y el consejero de Interior de la comunidad, Francisco Granados, se han visto envueltos en un turbio asunto de espías que podría acabar con la caída del Ejecutivo que lidera Esperanza Aguirre. De momento, las acusaciones de espionaje a González por parte de un cuerpo parapolicial que estaría a las órdenes de Granados han dado paso a otras denuncias del mismo calado conocidas por la dirección nacional de su partido desde 2006.
Y todas ellas han desembocado en una investigación abierta por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid y en un expediente interno del PP cuyas conclusiones pueden dinamitar el partido que aún dirige Mariano Rajoy. La situación en el PP es insostenible. En una semana en la que debían aprovechar los terribles datos del paro para erosionar la credibilidad del Gobierno de Zapatero, se han visto obligados a aplicar una estrategia defensiva (Rajoy huye de los periodistas para evitar preguntas comprometidas) para limitar los daños ocasionados por el escándalo de Madrid. Y uno de los problemas más inmediatos que tendrán que afrontar es que la crisis es de tal calado que se antoja muy difícil que se pueda adoptar una solución de consenso entre las familias enfrentadas por el poder en este partido. A poco más de un mes para las elecciones gallegas y vascas, los partidarios de Rajoy y los de Esperanza Aguirre parecen dispuestos a adelantar la batalla que todos esperaban para después de las europeas en pos del liderazgo del partido. Los espías pueden adelantar el enfrentamiento.
