Las asociaciones de jueces y fiscales han reclamado medios al legislador ante el "espectacular" incremento de las acciones ejercidas por las entidades bancarias que está "colapsando" los juzgados. Por ello, se plantean establecer "un orden de prioridades" con el fin de que los asuntos de los ciudadanos particulares no queden relegados a un segundo plano.
Las cuatro asociaciones de jueces y las tres asociaciones de fiscales han advertido de esta situación en una rueda de prensa en la que han expuesto sus medidas de protesta ante la "inasumible" carga de trabajo que soportan los juzgados.
"El incremento espectacular de asuntos en los juzgados se debe a las acciones ejercidas por entidades bancarias que son las que realmente están colapsando los juzgados", ha expuesto el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch.
La Comisión Interasociativa valora la complejidad de estos asuntos, que "incluyen claúsulas que son abusivas en ocasiones y, por tanto nulas, y contratos de adhesión discutibles", y que requieren de un estudio especial.
Sin embargo, advierte de que en un contexto de "grave sobrecarga" en los juzgados, los asuntos de los ciudadanos particulares no pueden quedar en un segundo plano y, por lo tanto, es conveniente establecer "un orden de prioridades". "Nuestra propuesta implicaría que se tenga que dejar en un turno especial para estos asuntos para resolverlos de forma adecuada", han añadido.
"*Qué pasaría si se retrasan o paralizan los asuntos iniciados por entidades bancarias para la economía del país?", se han preguntado, para responder que no quieren llegar a esta situación, sino que su petición radica en la necesidad de tener más recursos para asumir las demandas de los bancos y los ciudadanos.
JUZGADOS, "OFICINAS RECAUDATORIAS DE LOS BANCOS"
La portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Teresa Sáez, ha elogiado el "valiente" trabajo que coordinó el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Manuel almenar, sobre la conveniencia de modificar el procedimiento de ejecución hipotecaria.
En este contexto, la portavoz de la APM ha instado a la clase política a "atender" las demandas de los ciudadanos ya que considera que sus reformas no están encaminadas a solventar esas situaciones de necesidad.
"Nos gustaría que los políticos volvieran la cara al ciudadano medio y afrontara reformas legislativas, sobre desahucios o hipotecas, que supondrían una reforma de coste cero", ha indicado, para añadir que esto ahondaría en el camino hacia una Justicia de calidad.
"Nos encontramos con que las entidades bancarias y aseguradoras han paralizado en ocasiones las ejecuciones a la espera de conseguir un mejor precio para los inmuebles que existen ahora en una bolsa de embargo y ejecuciones", ha advertido Sáez, para denunciar este "movimiento especulativo" que "colapsa" las ejecuciones.
Según ha explicado, la legislación actual convierte a los juzgados en "oficinas recaudatorias de una entidad bancaria" al empujar a los magistrados a perseguir al ciudadano insolvente hasta que abone "definitivamente" la deuda pendiente con el banco.
La APM ha mostrado su disconformidad al proyecto de ley que regula una subida de tasas judiciales e "impiden" al ciudadano el acceso a la Justicia. "Pero a lo mejor sí estoy de acuerdo con imponer determinadas tasas a entidades que utilizan la Administración de Justicia para fines más privados", ha precisado.
En este contexto, Sáez ha recordado que un procedimiento judicial cuesta alrededor de 1.300 euros, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
