R.V./ N.P.
El Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, anunció ayer la puesta en marcha a partir del primer trimestre de 2009 de un nuevo Registro de Penados y Rebeldes, que se ampliará con los nombre de los que tengan dictadas medidas cautelares (como las órdenes de alejamientos) y en el que se recojan todos los asuntos por los que esté siendo investigada una persona, de forma que todos los juzgados puedan acceder al mismo.
Precisamente, la falta de un registro adecuado (en el actual sólo se recogen las condenas firmes) es la que permitió que ocurrieran gran parte de los errores del caso Mari Luz, pues mientras el Penal 1 buscaba a Santiago del Valle, el Juzgado de Instrucción número 8 lo tenía cada 15 días firmando por otra causa. Además, el Penal 4 le suspendió una condena, porque no le constaban la de Penal 1, que aún no era firme.
Bermejo dijo ayer que será el Juzgado de lo Penal 1 el primero en contar con este sistema, "no tengo que explicar por qué", que "de inmediato" se extenderá a todos los juzgados. El ministro dijo que este sistema permitirá encontrar "si la persona investigada está sometida a otra investigación de forma mucho más cómoda, que con los papeles", aunque especificó que con estos "también se encuentra", ironizando así con las declaraciones de los jueces y secretarios judiciales que achacan a la falta de un sistema informático adecuado los errores del caso Mari Luz y exculpando así al titular de Penal 1 y a la secretaria judicial.
De hecho, dijo que el Gobierno "lleva mucho tiempo trabajando para subsanar las carencias del sistema judicial" e insistió en que no se puede culpar al sistema porque "habría casos como éste todos los días", que en cambio, "son excepcionales". No obstante, el ministro reconoció que el nuevo registro se ha planteado después de la muerte de Mari Luz. "Es cierto que ha tenido que ocurrir este caso", dijo. Asimismo, admitió que "a la Justicia le ha superado este problema", aunque dijo que ha sido por "su excepcionalidad".
Sanción a Tirado. Por otro lado, ha negado que las declaraciones de miembros del Gobierno sobre la multa de 1.500 euros impuesta al juez Tirado sea una injerencia en el poder judicial, ya que no se ha criticado "el poder judicial que detenta cada juez" y que vierte en sus sentencias, sino las "decisiones de un órgano constitucional" como es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ha "aprovechado el último instante" para resolver "con una sanción pecuniaria" el expediente al juez.
Por su parte, los jueces decanos de España han aprovechado unas jornadas en Cádiz para defender la independencia del poder judicial, en un comunicado en el que han rechazado las "constantes injerencias" de los políticos en las cuestiones del CGPJ y han incidido en que con estas declaraciones "pretenden ocultar la responsabilidad del poder político en la secular carencia de medios personales y materiales". Hasta el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia, Augusto Méndez de Lugo, dijo ayer que "no es bueno en una sociedad democrática que exista injerencia" del poder ejecutivo en el judicial". El CGPJ salió al paso, asegurando en un comunicado que procederá con "la máxima responsabilidad".
