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Los okupas de Jun tendrán que pagar 320 euros de multa

Fueron 24 los implicados en una de las okupaciones que más atención mediática despertó en su día, allá por julio de 2005. Sin embargo ayer, sólo acudieron 22 al Juzgado de lo Penal 4 de Granada -donde estaba prevista la vista oral- porque otros dos se declararon en rebeldía. Finalmente, el acuerdo entre las acusaciones y las defensas de los acusados evitó la celebración de la vista.

el 16 sep 2009 / 03:39 h.

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Fueron 24 los implicados en una de las okupaciones que más atención mediática despertó en su día, allá por julio de 2005. Sin embargo ayer, sólo acudieron 22 al Juzgado de lo Penal 4 de Granada -donde estaba prevista la vista oral- porque otros dos se declararon en rebeldía. Finalmente, el acuerdo entre las acusaciones y las defensas de los acusados evitó la celebración de la vista. Todos ellos fueron condenados a pagar una multa de 360 euros por un delito de usurpación de las 24 viviendas que ocuparon durante tres meses en la avenida de Granada de la localidad de Jun.

Además deberán abonar un total de 17.107 euros en concepto de responsabilidad civil con cuantías que oscilan entre los 395 y los 2.208 euros por los daños causados en las casas, pero como la mayoría son insolventes podrán pagar de forma fraccionada.

a la fuerza. La ocupación de las viviendas se inició a principios de julio de 2005 con la llegada de una primera familia que, "con ánimo de establecerse permanentemente" y "sin gozar de titulo legitimador alguno" accedió al piso rompiendo la cerradura, según relató el Ministerio Público.

El ejemplo de esta familia, procedente del barrio marginal de La Cartuja, en Granada capital, estimuló a otras, que llegaron a ocupar un edificio de tres bloques hasta el mes de octubre en ese pequeño municipio de apenas 3.000 habitantes.

Según relató en su día el alcalde, José Antonio Rodríguez, fueron 24 las familias que tuvieron que abandonar sus domicilios, bien porque las echaron directamente los okupas o bien por miedo a sus nuevos vecinos. Sólo algunos propietarios pudieron permanecer en sus viviendas. Causaron "los máximos daños posibles" en el interior de los pisos para que los propietarios "no fueran capaces de encontrar otros compradores y se vieran así forzados a cederlas a los ocupantes".

El juzgado de Instrucción número 8 de Granada dictaminó en noviembre de 2005 el desalojo de las viviendas. Los ocupantes no pudieron acreditar ningún derecho sobre los pisos.

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