La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, aseguró ayer que la subasta de fármacos "sigue su hoja de ruta normal", después de que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 7 de Sevilla haya archivado una de las dos vías abiertas por el Gobierno de Mariano Rajoy contra esta medida de ahorro de la Junta. Este es uno de los pulsos más tensos que mantiene la Junta con el Ejecutivo central, que también ha recurrido las oposiciones andaluzas a profesor.
La consejera afirmó que el Gobierno andaluz aún no ha recibido "notificación alguna" del procedimiento abierto en el Constitucional, lo que supondría la suspensión cautelar del concurso de medicamentos en tanto se dirime la invasión o no de competencias estatales. En declaraciones a Europa Press, Montero explicó así que desde su departamento "seguimos con el cronograma previsto". A partir del 1 de junio, "si no recibimos esa notificación del Constitucional", los laboratorios que se hicieron con el concurso andaluz "serán los que suministrarán a las farmacias los fármacos de esos laboratorios y el farmacéutico los dispensará normalmente".
Con esta media, recordó Montero, se esperan unos ahorros para las arcas autonómicas solo en el primer año de aplicación de 40 millones de euros. Los fármacos que salen a concurso son los más consumidos por los andaluces, ya que anualmente se venden 22,6 millones de envases de protectores gástricos, estatinas (utilizadas frente al colesterol) e inhibidores de la agregación plaquetaria (indicados en casos que presenten riesgos de tromboembolia, infartos o ictus).
En cuanto a la instrucción judicial, Montero recordó que el Gobierno de España utilizó dos vía jurídicas, la del Constitucional y la contencioso-administrativa "contra la misma resolución del decreto de subasta de fármacos", lo que, en su opinión, ha motivado ahora que un juzgado de Sevilla haya archivado el caso "al entender que ya existe una vía abierta en el Constitucional sobre el mismo fondo de la cuestión". "Parece ser que el propio Abogado del Estado ha reconocido que no tenían que haber presentado el recurso al contencioso porque no tiene sentido que en paralelo se lleve el mismo caso a un tribunal superior como es el Constitucional", aclaró Montero.
PLAZOS
A su juicio, la "estrategia" del Gobierno central, "pidiendo además en las dos vías la suspensión cautelar, era más frenar la subasta como fuera". En cuanto al procedimiento abierto en el Constitucional, Montero aseguró que a su departamento "aún no ha llegado notificación del Constitucional de ese recurso", hecho que, a su juicio, puede deberse a los plazos legales que tiene el Alto Tribunal para ello. "Me imagino que tendrá sus plazos para mandar sus notificaciones a las diferentes comunidades", señaló Montero, quien insistió en que, al no llegar la notificación del Constitucional, no se puede paralizar la subasta. "Es como si alguien te pone una denuncia pero no te ha llegado la citación del juez", aclaró.
