El de Francisca Pérez es uno de esos casos que deberían llevar el sello de urgente en rojo para las administraciones implicadas pero lo cierto es que lleva más de dos años esperando una plaza residencial para uno de sus hijos, que tiene reconocido desde el 2010 un grado de dependencia severa, que al menos aliviaría su situación y los abogados del Comité René Cassin, una organización de juristas sin ánimo de lucro que presta asistencia a personas en exclusión, han presentado en su nombre una demanda ante el juzgado contencioso-administrativo (pendiente de admisión a trámite) contra la Consejería de Políticas Sociales por «inactividad». Francisca es viuda, tiene 67 años y apenas sabe leer y escribir. No entiende de demandas y juzgados. Acudió pidiendo ayuda a los «abogados de la parroquia», como conocen en el Polígono Sur a esta entidad porque es en la iglesia de San José Obrero donde atienden cada miércoles por la mañana. Pero lo que sí sabe es que lleva mucho tiempo «esperando un centro que no acaba de venir» y que la única respuesta que recibe de los Servicios Sociales es que «no hay plazas vacantes y me dicen que espere, pero yo estoy mal con los dolores de espalda, no sé ni que voy a hacer».
Francisca Pérez tiene en casa un hijo dependiente severo para el que lleva dos años esperando una residencia
Esa plaza que no llega es para su hijo José Luis, que tiene 42 años y tiene diagnosticada esquizofrenia paranoide además de diabetes (como su madre aunque en un grado más grave), hipercolesterolemia, problemas cardíacos y depresión. En noviembre de 2010, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia le reconoció un grado II nivel 1 de dependencia severa. Entonces, José Luis se negaba a ser internado en un centro y se le concedió una ayuda económica por cuidados familiares, siendo su cuidadora la propia Francisca. Sin embargo, en febrero de 2012, pidió una revisión del Plan Integral de Atención ante la imposibilidad de seguir haciéndose cargo de él y tras lograr que José Luis aceptara ir a un centro. El preceptivo informe de los Servicios Sociales municipales indicaba los problemas de salud de la cuidadora para seguir asumiendo ese papel y en abril de 2012 se modificó su prestación a una plaza en un centro residencial que aún sigue esperando.
Según explican desde la asociación Comité René Cassin, tanto el Ayuntamiento como la Junta hicieron gestiones para el ingreso de José Luis en un centro de Faisem pero, según la información trasladada «siempre verbalmente» a Francisca y a los abogados que siguen su caso, Faisem rechazó atenderlo alegando que además de su enfermedad mental padece «otros problemas de salud que se consideró por su parte que no podían ser tratados en su centro». Los abogados han pedido esta respuesta por escrito, primero a través de los Servicios Sociales comunitarios del Polígono Sur donde vive la familia como directamente contactando con Faisem, sin obtener respuesta, según consta en la denuncia por «inactividad» contra la Junta presentada por el abogado Alberto Revuelta, presidente de Comité René Cassin en Sevilla, en nombre de José Luis.
El pasado mayo, José Luis ingresó en el hospital San Juan de Dios por diversos problemas médicos y en junio fue presentada la denuncia alertando de que cuando recibiera el alta «de no serle concedida residencia volverá a su vivienda bajo los cuidados de su madre y conviviendo con dos hermanos en un entorno personal y familiar insostenible y viéndose agravada su salud y su situación de dependencia». El alta hospitalaria llegó el lunes y, efectivamente, desde ese día Francisca vuelve a tener que hacerse cargo de su hijo en su domicilio donde también conviven su hijo Juan Carlos, con problemas de drogodependencia y trastornos de conducta, y David, con un 35 por ciento de discapacidad intelectual. De ahí que su situación sea límite.
Con todo, Francisca dice que «con que a José Luis lo ingresaran me quedaría más tranquila» ya que «la diabetes le está atacando a los huesos y apenas se puede mover» mientras que para la esquizofrenia recibe un tratamiento «que le deja más tranquilo pero por la noche no puedo dormir apenas pensando que se va a levantar y se va a caer». Francisca cobra 296 euros de pensión no contributiva y sus hijos José Luis y David 700 y 356 euros cada uno por sus respectivas discapacidades. No es suficiente para un centro privado y aunque tiene más hijos «ellos llevan su casa y sus niños, no pueden ayudarme». La Ley de Dependencia garantiza la asignación de un recurso una vez reconocida la dependencia que en todo caso es copagado por el usuario en función de sus ingresos.
La asociación Comité René Cassin ha decidido sacar su caso a la luz, con permiso de Francisca, ante la urgencia desde que José Luis recibió el alta el lunes y Francisca también espera «que sirva para algo». Hoy registrarán una carta dirigida a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a la que Francisca pide «que ayude a que mi hijo entre en algún sitio porque en el hospital no puede estar más». Este periódico preguntó por el expediente de José Luis a la Consejería de Políticas Sociales que, al cierre de esta edición, no pudo facilitar información si bien se comprometió a hacerlo cuanto antes.
