La Policía Judicial ha puesto sobre la mesa de la juez del caso Mercasevilla un fax en el que se recogen instrucciones sobre cómo elaborar una factura falsa, siguiendo las indicaciones del ex director general de la entidad pública Fernando Mellet y de su adjunto Daniel Ponce, ambos imputados en las tres causas judiciales abiertas, entre ellas la de la supuesta venta irregular de los terrenos a la constructora Sando. En concreto, la factura, por un importe de 16.938,69 euros, es para pagar el estudio de viabilidad de la ITV que, supuestamente, prometió un director general de la Junta a un empresario a cambio del derecho de superficie de unos terrenos en Mercasevilla. Además, los documentos recabados hacen alusión a siete millones de euros y a "dinero negro".
El fax está enviado desde las instalaciones de Larena 98 -empresa que tenía la cesión del derecho de superficie de algunos terrenos de Mercasevilla- y firmado por Manuel Sola Sanabria, que era el director general de la citada empresa en Andalucía, a la atención de Ernesto de la Torre, responsable de los asuntos económicos. En el mismo, se indica "en conversación esta mañana con Fernando Mellet y con Daniel Ponce, referida a la ITV, me presentan facturas de las firmas Ripollés (del Plan de Viabilidad) y del Bufete D. J. María Rueda (Dictamen Jurídico), que han de ser pagadas por Mercasevilla, pero con fondos de Larena 98. Según convinieron con D. Antonio [en referencia al propietario de Larena, Antonio Pardal]".
Según explicó en su día Pardal, tanto ante la Policía Judicial como ante la juez, en una de las reuniones que mantuvo con Mellet y Ponce acudió el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero Benítez, quien supuestamente le ofreció una ITV en los terrenos de Mercasevilla a cambio del derecho de superficie. Él fue el mismo director general que firmó el único documento que por ahora vincula económicamente a la Junta de Andalucía con el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por Mercasevilla en 2007, y que le supuso el cese.
Ante esta proposición, Pardal dijo entonces que para ello sería necesario un estudio de viabilidad. Éste lo hizo el economista José Antonio Ripollés, uno de los imputados en la supuesta venta irregular al ser uno de los técnicos que valoró el concurso. Ripollés cobró por este trabajo 10.198, 72 euros y el despacho de abogados encargado del estudio jurídico 4.403,60 euros, cuantías a las que hay que sumar 2.336, 37 euros de IVA.
Para abonar dicho coste, la "fórmula" que se ideó fue que "Mercasevilla nos pase [a Larena] una factura por instalación de vallas publicitarias", a lo que añade que Mellet y Ponce "quieren un talón para ayer. Les he comentado que la fórmula de hacerlo y cuándo se puede pagar tendría que consultarlo contigo. La factura las tiene Daniel Ponce. Te paso el detalle y espero instrucciones". Más abajo, y escrito a mano, consta en el fax la frase: "De los 7.000.000, también darán factura para S.M. y sólo dos dinero negro".
El fax es del 4 de marzo de 2004 y el 15 del mismo mes, Mercasevilla emitió una factura en la que recibía de Larena 98 el importe de 16.938,69 euros, la misma cuantía que el informe de viabilidad, por "prestación de servicios. Colocación de valla publicitarias".
La autoría del fax ha sido reconocida por el propio Sola a la Policía, ante la que prestó declaración el pasado 17 de mayo asistido de letrado. "Reconoce el primer documento como propio y también reconoce su firma plasmada en el mismo, pero no recuerda esa situación", recoge la declaración en la que añadió que "él no tomaba ningún tipo de decisión y que, en todo caso, debió de recibir instrucción de Ernesto de la Torre desde Madrid".
Además del ofrecimiento de la ITV, Pardal también dijo que el ex gerente de Urbanismo y actual vicesecretario de la Agrupación de Interés Económico, Manuel Marchena, le ofreció en otra reunión participar en el concurso público para construir unas promociones de VPO.
El abogado de Fernando Mellet, José Manuel Sánchez del Águila, ha presentado un recurso contra la nueva imputación del ex director general de Mercasevilla por delito societario por supuestas irregularidades en las cuentas de la entidad. Para el letrado la querella presentada por el PP responde a "una obcecada inquina, que nunca entenderemos, de unas actuaciones que quieren hacer del juzgado el escenario de sus luchas políticas".
«No hay delito, hay sospechas»
En el recurso, la defensa insiste en que "no hay delito, hay meras sospechas no confirmadas, ni soportadas, ni acreditadas, de teóricas e hipotéticas discrepancias contables entre auditores y técnicos". A esto añade que la magistrada basa su auto de apertura de las actuaciones en "una amalgama porque evidentemente no ha podido encontrar ni tan someros no leves indicios de delito", lo que le ha obligado a "presionar hechos y sucesos inconexos para que todos juntos, amontonados, sí que puedan determinar un envoltorio con el que sustentar un auto que no soporta el más mínimo análisis jurídico". Para el abogado, "estamos ante una auténtica cacería jurídica" hacia Mellet, "alentada por la presión mediática, machacona, insistente día tras día". Además, asegura que la existencia de otras dos causas judiciales "excita a las entidades querellantes para seguir acusando sin ton ni son. Contra Mellet todo vale. Mellet es culpable, de lo que sea, pero culpable. Hay que acusarle, de lo que se les ocurra".
