El listado de coordinadores de los talleres de los distritos, contratados por empresas privadas a las que se adjudica en concurso público la gestión de esta actividad, sigue desvelando vínculos entre las personas contratadas y el partido que gobierna en el Ayuntamiento, una práctica que la oposición califica como "trama de enchufismo".
El último caso conocido es el de Beatriz Patricia Sánchez Satorres, que a la vez que trabaja como coordinadora en el distrito Este, Alcosa, Torreblanca es vocal del Defensor del Ciudadano, un cargo por el que cobra dietas. Su situación es la misma que la del vicesecretario general de Nuevas Generaciones en Sevilla, Alberto Galbis, coordinador en Triana y vocal del Defensor del Ciudadano. La oposición denunció la "incompatibilidad" entre ambos puestos pero el Ayuntamiento esgrime un informe del secretario general del Consistorio que rechaza tal incompatibilidad.
En cuanto a la casualidad de que cada vez sean más los coordinadores que, pese a ser en teoría contratados de forma independiente por empresas privadas estén vinculados al PP, fuentes municipales siguen manteniendo que tales contrataciones son decisión de las empresas.Los datos que maneja el PSOE elevan a una treintena los coordinadores vinculados al PP (en total hay medio centenar de coordinadores) y hay también a varios casos entre los monitores, como el de la hermana de Galbis, que imparte tres talleres en Triana. El Ayuntamiento defiende que son contratados por las empresas adjudicatarias y que su única mediación consiste en recoger los currículum en los distritos. No obstante, tras destaparse los primeros casos, cinco coordinadores dimitieron por ser familiares de delegados, algo que el PP sí reconoció como "poco estético". Más allá, se enroca en que las contrataciones son independientes y cualquier relación del personal con el PP es mera coincidencia.
Respecto a la duplicidad de puestos de Galbis y Sánchez, que en noviembre y diciembre cobraron 240 euros por dietas, la oposición alega que el reglamento del Defensor del Ciudadano (la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones de la que se salieron PSOE e IU cuando el PP designó al comandante en la reserva José Barranca por su apoyo en 2006 al general Mena, que justificó una intervención militar si se aprobaba el Estatut catalán) estipula que no pueden ser miembros ni concejales ni personas "vinculadas directamente en la acción política municipal mediante relación laboral". Según el informe municipal, no hay "prohibición formal expresa para que una persona vinculada laboralmente con un contratista del Ayuntamiento pueda ser designado miembro".
Con PSOE e IU fuera, solo forman parte de este órgano de mediación entre la ciudadanía y el gobierno local los cuatro miembros designados por el PP, dos de ellos contratados en los distritos.
