Las dos arquitectas condenadas por el derrumbe de un muro en la calle Bustos Tavera en 1999 han pagado una indemnización de 180.000 euros por la muerte de una joven barcelonesa como consecuencia del desplome y no han recurrido su condena de un año de cárcel, que ha sido declarada firme por un juzgado de lo Penal.
Fuentes del caso han informado a Efe de que las arquitectas M.O.S.Y. y M.D.F. no han acudido finalmente al Tribunal Constitucional, por lo que el juzgado que vio el caso ha emprendido la fase de ejecución de la sentencia y ha pedido a la Fiscalía y a la acusación particular que se pronuncien sobre la suspensión del ingreso en prisión o su sustitución por una multa.
En abril pasado, la Audiencia Provincial de Sevilla confirmó la condena de un año de cárcel y tres de inhabilitación para las arquitectas por el derrumbe de una fachada en rehabilitación, donde falleció una joven barcelonesa de 24 años, estudiante del conservatorio de música, que transitaba por el lugar.
La Audiencia dictaminó que el colapso de la fachada era "indiscutible y previsible" y podría haberse evitado si las dos condenadas hubieran hecho "un estudio básico de resistencia" del muro, por lo que confirmó la condena impuesta por el Juzgado de lo Penal 2. Ahora, dicho juzgado declara firme la condena y ordena la entrega a los padres de la fallecida de los 180.000 euros depositados como indemnización.
Además, acuerda actualizar la hoja de antecedentes penales de las procesadas, pide a la Fiscalía y al abogado de los padres que se pronuncien sobre la sustitución de la pena de cárcel y solicita a la acusación particular que aporte su cuantificación de los intereses según los términos acordados en la sentencia. El juzgado, a la vez, declara firme la absolución del aparejador y de la promotora, que fueron absueltos en primera instancia.
Las dos arquitectas fueron condenadas por un delito de homicidio por imprudencia profesional grave por el fallecimiento de la joven María Teresa Guardia en el derrumbe ocurrido a las 17.25 horas del 6 de abril de 1999, al hundirse la fachada de un edificio del siglo XVIII que se estaba rehabilitando para viviendas.
Los magistrados de la Audiencia consideraron, en su sentencia definitiva, que no se vulneró el derecho a la presunción de inocencia de las acusadas y que ambas, "por su profesión de arquitectas, tenían necesariamente que conocer el dilatado historial de expedientes de ruina que pesaban sobre un edificio de tanta antigüedad". La Audiencia Provincial sostuvo que "ni siquiera se puede mantener que el aspecto visual de la fachada fuera correcto" y negó la afirmación de las defensas de que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento no hubiese alertado sobre su estado, pues varias veces la propiedad fue requerida para el "resaneado" de la fachada y en 1997 se constató que las lluvias habían "acelerado la degradación del inmueble".
