La Universidad de Sevilla ha entrado desde ayer en estado de coma por un período de quince días. Pero no se alarmen. Se trata de un coma inducido y, por lo tanto, controlado, salvo posible prórroga por otra quincena de días y así sucesivamente. La terapia la han decidido libremente los estudiantes en asambleas y por doble mayoría, de alumnos y cualificada de centros. La reflexiva decisión tiene como finalidad combatir la bacteria de los duros recortes presupuestarios que, más pronto que tarde, devaluarán sin remedio nuestro sistema constitucional de enseñanza pública. Decidido así por el cuerpo médico, el rector no ha tenido más remedio que aplicar el protocolo aprobado para estos casos por el Claustro de la Universidad de Sevilla . Sin tiempo para pensar en posibles complicaciones, se procede al cierre de aulas, se manda a los alumnos a sus casas o a las bibliotecas, se ordena a los profesores que hagan lo que deban hacer menos cumplir con sus tareas docentes y al siempre olvidado personal de administración y servicios, que siga con su trabajo como si no pasara nada. En resumen, facultades vacías de almas y de sentido, y sus empleados y usuarios esperando que la terapia sirva para algo más que el sentirnos parte de un sistema democrático real. Desde hoy, cada uno de los miembros de la comunidad universitaria organizará su vida académica como crea y pueda, con la única excepción de enseñar, incluido en tutorías. Los alumnos y profesores como agua y aceite durante 15 días. El ministro Wert, por su parte, el inoculador de la bacteria, nos mirará con preocupación o asombro, vaya usted a saber, aunque pienso, personalmente, que emulará una sardónica sonrisa. Una Universidad sin casi pulso es para él motivo de tranquilidad.
El veneno usado es tan potente que provoca una fuerte depresión mutiorgánica. Dice la norma que nos lleva a este estado vegetativo que todos, lo quieran o no, quedamos afectados. Sin embargo, que este letargo se induzca ahora, justo ahora, me parece una muy mala elección. Las razones docentes son evidentes, pues incide de forma desproporcionada en la fase final del curso académico, las políticas no se quedan atrás. Si la Universidad tiene que decir algo a la sociedad veo muy poco práctico el ordenar su cierre. Más que el uso de adormideras hubiera sido más conveniente el de excitantes: asambleas, encuentros, mesas redondas, mucho estudio y mucha investigación. Vida académica propongo en vez de parálisis creativa. Por su parte, las objeciones jurídicas devienen necesidad. No se puede pretender regular derechos desconociendo la existencia de otros derechos, pues las normas jurídicas no viven en el vacío. Modestamente, creo que ese reglamento es nulo por contradecir la legalidad y la Constitución. Pero el que así lo crea también tendrá que pelearlo. Lo viviremos.
Además, hay una razón social que, a mi modo de ver, es mucho más importante que las anteriores. Todo conflicto cívico supone por definición un coste para quienes lo integran. Ningún derecho, ninguna conquista social, se alcanza sin sacrificio. Estos 15 días de nada aprobados por la mayoría, dice la normativa, obligan a reducir los contenidos evaluables de las asignaturas -temarios que están fijados en normas superiores indisponibles para profesores y alumnos-; cercena la fricción social -los alumnos se igualan piensen lo que piensen, algo que ni siquiera ocurre cuando se ejerce el derecho de huelga-; los profesores cesan en su actividad docente sin que sus salarios se vean afectados; los representantes de alumnos, amparados por la norma y una asamblea, lo tendrán muy difícil para legitimar sus acciones durante estas dos semanas. Y, por último, la mayoría de los estudiantes, ponderando beneficios y sacrificios, aprovechará estos días para adelantar el estudio de los exámenes finales. En resumen, se decreta un cierre patronal de bajo coste y escasa utilidad. El low cost nos permite viajar barato, es cierto, pero nunca pierde uno la sensación de sentirse un bulto. Pero no protestemos, no vaya a ser que la empresa nos suba los precios.
