La Fiscalía de Sevilla ha pedido cuatro años de cárcel para cada uno de los tres propietarios de un pub de Carmona (Sevilla), acusados de un delito contra el medio ambiente por los ruidos que emitía su local, que afectaron "gravemente" a la salud de dos vecinos que vivían sobre el local.
La Fiscalía de Medio Ambiente sevillana, en un escrito de acusación al que ha tenido acceso Efe, dice que el bar estuvo abierto desde diciembre de 2006, no obtuvo licencia hasta mayo de 2008 y siguió funcionando, pese a las sucesivas advertencias oficiales por sus ruidos "notoriamente superiores" a lo autorizado, hasta la clausura definitiva en febrero de 2009.
El pub, situado en la calle Carretera Vieja de Carmona, ponía música "de madrugada a muy elevado volumen" y poseía un aparato de aire acondicionado que "emitía ruidos y vibraciones excesivos en horario nocturno, sin mínimas condiciones de insonorización".
Los vecinos que vivían en el piso superior "se vieron expuestos durante mas de dos años a ruidos intolerables en el interior de su casa, cada vez que los acusados, conocedores de las graves molestias que causaban a los habitantes de las vivienda, abrían el bar por las noches y conectaban la música y los aparatos de ventilación", según la acusación.
Diversas mediciones del Ayuntamiento arrojaron ruidos que "superaban notoriamente" lo autorizado, pero los acusados "desatendieron totalmente" los sucesivos requerimientos oficiales de inutilizar los equipos de música hasta que se subsanaran las deficiencias.
Tras desatender las sucesivas advertencias municipales, el Ayuntamiento ordenó la "clausura total" de las instalaciones el 3 de febrero de 2009.
Los vecinos afectados se han visto expuestos a "ruidos que por su frecuencia, intensidad, duración, y falta de control han afectado gravemente a su sosiego y descanso nocturno" y les ha provocado "estrés, con el consiguiente riesgo de afectar gravemente a su salud general", sostiene el fiscal.
En el juicio que se celebrará en los próximos meses, la Fiscalía pedirá para cada uno de los tres acusados cuatro años de cárcel por un delito contra el medio ambiente, una multa de 13.500 euros y el pago de una indemnización de 4.000 euros a cada uno de los dos vecinos afectados.
El fiscal solicita además la clausura, por orden judicial, del local mientras lo exploten los imputados.
