Sevilla no ha sido de las ciudades en las que más participaciones preferentes se vendieron a los clientes de bancos, pero desde luego, no ha estado ajena a esta problemática que ha sacudido a sociedad española. Pese a ello, hasta la Fiscalía sevillana llegaron medio millar de denuncias, de las que prácticamente todas han acabado archivadas porque los afectados han llegado a acuerdos con las entidades bancarias.
En junio de 2012, el entonces defensor del Pueblo Andaluz José Chamizo elevó a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) las «numerosas quejas» que recibió la institución «por la adquisición de las denominadas participaciones preferentes». No en vano, se calcula que en Andalucía podía haber «unas 67.000 personas» afectadas y, según los datos de la Secretaría General de Consumo de la Junta de Andalucía, el dinero atrapado en preferentes en nuestra comunidad superaba los mil millones de euros (1.055.589.600 euros) en verano de 2013. El defensor incluso teme que exista «un número importante de clientes» que «desconozcan a la presente fecha la situación en la que se encuentran los mismos, dada la falta de información y transparencia mostrada a estos efectos por las entidades concernidas».
del defensor al fiscal. En su escrito, Chamizo explicaba que en el relato de todas las quejas había «una coincidencia»: «la deficiente información previa a la adquisición de este producto financiero, que unido al desconocimiento en los responsables de las distintas sucursales que les ofertaban su compra, les habría llevado a adquirir finalmente un producto financiero complejo cuando creían estar comprando un producto bancario similar a los depósitos a plazos».
El defensor expresaba sus «serias dudas acerca del debido cumplimiento de la normativa de la transparencia y protección de la clientela o de las buenas prácticas y usos financieros». Por ello, lo remitió a la Fiscalía andaluza, que a su vez trasladó a cada provincia sus quejas, con el fin de «iniciar una investigación sobre las prácticas que han venido desarrollando las entidades financieras» por si suponen «una vulneración del ordenamiento jurídico».
Fue así como el Ministerio Público abrió en la provincia casi medio millar de diligencias, tomando declaración a cada uno de los afectados, «la mayoría de ellos personas mayores o en otros casos sus hijos», explican fuentes de la Fiscalía sevillana. De este medio millar, tan solo «dos o cuatro casos» han acabado en una denuncia por estafa en los tribunales, «pero en la mayoría hemos decidido archivar y no seguir adelante porque las partes habían llegado a un acuerdo y el dinero ha sido reintegrado por completo o casi su totalidad», explican desde el Ministerio Público.
Es el caso de prácticamente todas las demandas contra Caixabank, que ha resuelto llegar a acuerdos antes que pleitear. Los casos más complicados han sido los relativos a entidades como Bankia, banco con el que existe abierto un procedimiento de arbitraje, o Nova Galicia, «aunque eran pocos porque casi todo el mundo tenía contratada con Caja San Fernando», señalan. «No tenía sentido continuar un proceso por presunta estafa cuando lo supuestamente estafado había sido recuperado», indican. De hecho, son los propios afectados «los que incluso nos han manifestado su intención de no seguir adelante con el proceso porque lo único que querían era recuperar el dinero y ya lo han hecho», añaden.
Un acuerdo, que según explica el delegado de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) en Sevilla, José Marín, consiste «en pagar el 15 por ciento en 2013, el 25 en 2014 y el resto en 2023».
Sin embargo, no todos los casos han sido acuerdos fáciles, pues hay quienes directamente se han ido a denunciar a los juzgados sin pasar antes por la Fiscalía o por el Defensor del Pueblo Andaluz. En Ausbanc lo saben, porque sus servicios jurídicos han llevado, y aún están llevando, varias demandas de clientes de bancos afectados por este producto. «Ya tenemos varias sentencias al respecto, la mayoría favorables al cliente, en las que se reconoce que no fue informado de que había adquirido un producto de alto riesgo», indica uno de los abogados de la entidad. El letrado indica que en muchos casos los clientes sabían lo que habían contratado «porque o bien no le daban el dinero que tenían o no le ingresaban los intereses», siendo entonces cuando eran conscientes de que habían suscrito un producto financiero de alto riesgo.
El abogado recuerda que las entidades bancarias que han ofrecido estos productos el abogado son «La Caixa, Caja Madrid, Santander, Caja Galicia y Caja San Fernando». En cuanto al perfil de las personas afectadas solían ser «mayores o clientes con ingresos garantizados, con plazos fijos y con escasa cultura financiera e incluso sin estudios», a lo que se añade «un exceso de confianza» ya sea en el director de la sucursal bancaria o en la persona que suele atenderle habitualmente. Un perfil que coincide con el que ofrecen desde la Fiscalía sevillana, pues «muchos nos indicaban que se fiaron de la persona que siempre le actualizaba su cartilla o le atendía en el banco desde hace muchos años».
«Nos preocupa seriamente la situación a la que se han visto abocadas estas personas, mayoritariamente del colectivo de la tercera edad y en una precaria situación económica, al no poder disponer de sus ahorros, ni siquiera para poder hacer frente a sus necesidades más básicas o a situaciones de urgencia sobrevenidas», recogía el Defensor en su informe a la Fiscalía. «Del relato de las quejas recibidas se desprende el sufrimiento y la sensación de agravio e impotencia de las personas afectadas, muchas de las cuales estarían incluso viéndose afectadas en su salud, como consecuencia del grado de ansiedad y estrés que la situación les está provocando», añadía. Personas mayores que son ellas mismas las que han acudido a reclamar su dinero, «no nos hemos encontrado casos en los que sean los herederos los que reclaman». Lo que sí han tenido «son demandantes que han fallecido esperando que se solucionase su demanda, y entonces sí han sido los herederos lo que han continuado», asegura.
Tecleando preferentes en Sevilla en Google se despliega no solo todo un abanico de información para las personas afectadas, sino también miles de opciones para buscar una solución. Son muchos los abogados que se han especializado en este asunto y que ofrecen sus servicios desde 450 euros por demanda. Algunos despachos de letrados que se publicitan como expertos en estos asuntos tienen sede en Sevilla, pero también los hay con varias delegaciones. En sus páginas web incluso llevan el recuento de sentencias ganadas, «más de mil» consta en una de ellas que asegura que tienen un 98 por ciento de éxito, a las que incluso se puede acceder y consultar. En estas páginas los letrados aprovechan para publicitarse, recogiendo sus intervenciones en diferentes medios de comunicación.
Si usted es uno de los afectados por este producto bancario, sepa que puede buscar abogado por su cuenta, pero también tiene la opción de reclamar su dinero de forma conjunta, pues existe la Plataforma de Afectados por las Preferentes, en la que se aglutinan varios despachos de abogados. En su página se recogen todas la novedades que se producen sobre los diferentes pleitos judiciales y el proceso de arbitraje abierto con Bankia para solucionar este problema. La red social Facebook es otro de los lugares en los que puede encontrar ayuda, pues es allí donde se aglutinan muchos de los afectados en la provincia bajo el nombre Engaño Participaciones Preferentes Sevilla, aunque su perfil hace bastante tiempo que no está actualizado. Otra de las páginas sobre este asunto es www.abogadosarbitrajebankia.com, creada por cinco despachos de abogados.
