El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Málaga ha procesado a diecinueve guardias civiles por supuestos cobros ilegales a los pasajeros del aeropuerto malagueño a cambio de agilizar u omitir trámites aduaneros en el control de equipajes. Algunos de los agentes permitieron presuntamente la entrada de alimentos prohibidos por seguridad alimentaria, a causa de las alertas de fiebre aftosa y gripe aviar.
El juez imputa a los acusados, detenidos el 12 de febrero de 2006, los presuntos delitos de cohecho y omisión del deber, según el auto judicial, al que ha tenido acceso Efe, en el que también se imputa a un ciudadano de origen asiático por un delito de cohecho por haber dado supuestamente dinero a algunos de los agentes para pasar alimentos.
En la resolución judicial se explica que los agentes, adscritos a la sección fiscal, solicitaron "de forma directa o indirecta a determinados viajeros de ciertos vuelos" cantidades de dinero bajo amenaza para que los productos alimenticios que llevaban consigo pudiesen entrar por la aduana española.
En el sumario, al que también ha tenido acceso Efe, se afirma que era "práctica habitual" que los familiares y amigos, sobre todo chinos, advirtieran a los viajeros de que tenían que traer un billete de 50 euros en la mano "a fin de evitar problemas con la Guardia Civil a su llegada al aeropuerto de Málaga".
Algunos imputados supuestamente también exigieron dinero a un matrimonio que traía alimentos de Noruega para su hija residente en España, pese a que no regían prohibiciones para ese país.
Pero los guardias no sólo pedían dinero para permitir el paso de alimentos, sino para no retener prendas de ropa supuestamente falsificadas a un pasajero hindú o para dejar pasar plata y cuero a otros viajeros paquistaní y asiático.
Durante la instrucción del caso, los guardias civiles han mantenido siempre su inocencia y algunos de sus abogados han asegurado a Efe que están muy preocupados por su familia y desorientados por las acusaciones que pesan sobre ellos.
Todos los agentes imputados pertenecen a la escala básica y llevaban destinados en el aeropuerto de Málaga entre diez meses y cerca de veinte años, por lo que algunos estaban a punto de jubilarse, e incluso cuentan con medallas de mérito al trabajo.
La defensa de uno de los guardias civiles ha señalado que las acusaciones carecen de base porque se les acusa de recibir dinero de personas que en muchos casos no están identificadas, y sin determinar la cuantía económica recibida.
