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Procesan al ex alcalde por prevaricación

El Juzgado de Instrucción número 1 de Coria del Río acaba de dictar un auto de procedimiento abreviado contra el ex alcalde Tomás Alfaro por presunta prevaricación y cohecho al conseguir la recalificación de unas parcelas de su familia, lo que le reportó un beneficio de 753.737 euros.

el 15 sep 2009 / 23:25 h.

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El Juzgado de Instrucción número 1 de Coria del Río acaba de dictar un auto de procedimiento abreviado contra el ex alcalde Tomás Alfaro (PA) por presunta prevaricación y cohecho al conseguir, siendo regidor, la recalificación de unas parcelas de su familia, lo que le reportó un beneficio de 753.737 euros.

De este modo, el auto al que tuvo acceso la agencia Efe, y contra el que cabe recurso, dice que cuando era alcalde "cedió dos parcelas de terreno de su propiedad al consistorio por él regido, obteniendo a su vez el cambio de calificación de otras dos parcelas, sin seguir el procedimiento vigente". Ello "generó para el imputado beneficios", según el juez, que por ello acuerda seguir la causa contra el actual portavoz del PA en la Diputación de Sevilla, para lo que da traslado de las actuaciones al fiscal y a la acusación particular para que presenten escrito de acusación o pidan el sobreseimiento.

Hechos. El ex regidor, que dejó la alcaldía por una moción de censura en 2003, es todavía concejal, y fue denunciado por el actual equipo de gobierno (PSOE), cuyo abogado, Benjamín Muñoz, informó de que está imputado por haber llevado a cabo, el 23 de enero de 2003, una cesión de terrenos por parte de su familia al Ayuntamiento de Coria del Río, a cambio de una serie de actuaciones y recalificaciones que afectaban a terrenos de su propiedad. La operación incluía la recalificación de un terreno que pasaría de deportivo a residencial, con lo que el ex alcalde y su familia obtenían "grandes beneficios por sobrevaloración de su parcela", a cambio de ceder dos parcelas al municipio valoradas en 176.902,88 euros.

Según la denuncia, consiguió también supuestamente la recalificación de una parcela que constituía un viario, y por lo tanto debía ser cedida sin coste alguno, para pasar a la categoría de residencial, con un valor de 40.738,87 euros, a cambio de lo que cedió una parcela "que carece de valor alguno pues constituye una servidumbre de paso".

Ello, según el letrado, se hizo "sin las más mínimas comprobaciones o requisitos, como era la emisión de un informe previo de valoración antes de la recalificación o permuta de los terrenos, como reconoció la arquitecta municipal".

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