No ha hecho falta esperar los dos meses durante los cuales se prolonga la auditoría externa que se está realizando en la Sociedad de Promoción y Desarrollo de Utrera (Produsa).
El adelanto del informe final ha sido suficiente para que la empresa pública utrerana haya anunciado que presentará un concurso voluntario de acreedores. Es la resolución preliminar del estudio que está llevando a cabo el Grupo Consea, contratado por la Intervención del Ayuntamiento, para evaluar la situación real de la sociedad municipal. En cuanto el informe llegó a manos del alcalde, Francisco Jiménez (PA), éste convocó ayer junta de portavoces para informar de la situación a todos los grupos políticos. Tras ello, se reunió el consejo de administración de Produsa y, finalmente, el regidor mantuvo un encuentro con la plantilla para ponerles al corriente de la situación.
Aunque el procedimiento auditor no ha finalizado en su totalidad, el primer avance es lo suficientemente concluyente como para que se haya tomado la determinación de acudir al concurso voluntario de acreedores, cuestión en la que coincide la Intervención municipal. El consejero delegado de Produsa, Juan Carlos García, afirmó que se ha hecho "lo indecible por la continuidad de la sociedad, pero su situación financiera obliga al concurso voluntario para, de esta forma, dar respuesta a nuestros acreedores y trabajadores".
El anuncio, que se comunicará al juzgado de lo mercantil, no impide que la empresa continúe desarrollando su actividad hasta el final del proceso. Dicha decisión supone nombrar unos administradores concursales, que deberán comprobar los bienes de la entidad, así como las deudas pendientes. Será entonces cuando decidan si es necesario liquidar la empresa o si existe alguna posibilidad antes de llegar a esa solución definitiva.
Mientras, los 12 empleados del ente público llevan cinco meses sin cobrar, en parte porque la sociedad recibió dos embargos, de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social, por los que sus cuentas están congeladas desde octubre. Esto impide que los ingresos que percibe por parte del Consistorio lleguen a la plantilla. "La situación es difícil para los trabajadores, porque no tienen la tranquilidad de saber qué ocurrirá con ellos y cuándo podrán cobrar", reconoce el alcalde. Los empleados afectados han nombrado ya a un representante, que la próxima semana "estará en contacto con los servicios técnicos municipales, por si hay posibilidades de percibir parte de lo que se le adeuda". Esa posibilidad es "complicada", según el alcalde, que se ciñe a que "Produsa está embargada", aunque aclaró que se está "buscando alguna posible salida, si existiera".
Los impagos a los empleados se unen a una deuda de 300.000 euros que mantiene con los proveedores. Entre ellos, están las empresas que acometen las obras de reurbanización en la barriada de Los Militares. Jiménez señaló que una de las primeras actuaciones será el rescate, por parte del Consistorio, de la encomienda de este proyecto, para "reanudar los trabajos y que se puedan finalizar y dar respuesta a los vecinos de ese barrio".
Mientras, a Produsa le adeudan más de 1,5 millones. Un millón procede de la venta de unos terrenos en Vistalegre y el resto es por deudas de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir o el pago del alquiler de las viviendas que son propiedad de Produsa y que los inquilinos no abonan.
