Esta es la pregunta que se están haciendo muchas personas. Después de haber inyectado el gobierno una ingente cantidad de dinero al sistema financiero, si bien sea mediante la compra de activos, resulta que los créditos no llegan a las empresas ni a las familias y, lo que parece aún más sorprendente, los bancos han tenido beneficios; los únicos en esta profunda crisis en la que estamos inmersos. Y esto no lo entiende la ciudadanía.
Seguro que hay explicaciones técnicas que justifican este comportamiento, tanto del Gobierno que ha salido en su ayuda como de las entidades financieras, que presentan sus logros económicos como triunfos propios. El neoliberalismo no es pacato, ni ignorante; se ha preocupado de articular un modelo impecable en el plano teórico. Y así, actuando sobre ejemplos ficticios en un escenario diseñado a su medida, hacen funcionar los números, las macrocifras, claro está, para demostrarnos que este modelo es el mejor de los posibles y el más dotado para aportar soluciones a nuestros problemas de subsistencia cotidiana.
Los poderes públicos no tienen más que apoyar, con dinero de todas y todos, este mal paso que se enderezará, aunque no sabemos cuándo, pues cada día se retrasa el horizonte de la recuperación. Frente a todo ello, se empecina en desmoronarse la economía real, qué ironía, esa realidad incómoda que altera sus previsiones, que desbarata los análisis teóricos y que tozudamente pone de manifiesto que los comportamientos humanos no se sujetan a modelos teóricos sino a las imperiosas necesidades del ser humano.
Estamos pues en manos de las entidades financieras que son las que manejan el dinero que impulsa la economía, ese lubricante imprescindible para la producción y circulación de los bienes y servicios; y el Estado, el que tiene que defender nuestros intereses, parece convertido en un rehén de sus decisiones.
Hay pues una sensación de abandono de la ciudadanía a unas reglas de juego de "sálvase el que pueda": los empresarios aprovechan para despedir a sus trabajadores con la intención de contratarlos como autónomos en unas condiciones más beneficiosas para ellos; se recurre a los expedientes de regulación de empleo con el argumento de que han bajado los beneficios empresariales, aunque no haya pérdidas; se manda a los empleados al paro para después emplearlos subrepticiamente; y los emigrantes, que han perdido su permiso de trabajo, vuelven a la contratación irregular. Es decir, está floreciendo la economía sumergida, la economía real que encuentra en la desregulación las vías por la que instalarse al margen de cualquier control.
Urge pues una intervención más decidida de los poderes públicos en el control del sistema económico. Una intervención que no se ponga al servicio de los intereses de los grandes, sino que imponga las defensa del bien general por encima de aquellos. Una intervención que asuma un cierto dirigismo de la actividad económica.
Es el tiempo de preguntarnos si no es aconsejable la nacionalización de determinados servicios esenciales para la ciudadanía; de preguntarnos si no es urgente la creación de una banca pública que impulse políticas que redunden en beneficio de todos; de preguntarnos si no es imperioso exigir contraprestaciones a las ayudas públicas que se dan al sector privado; de preguntarnos por qué debemos la ciudadanía asumir con exclusividad una crisis que no hemos generado.
Rosario Valpuesta es catedrática de Derecho Civil de la Pablo de Olavide.
