El desastre ecológico que supuso el vertido de la mina de Aznalcóllar el 25 de abril de 1998, marcó un punto de inflexión en la política medioambiental de Andalucía. Aquello disparó las alarmas y extremó las cautelas respecto a cualquier proyecto industrial que supusiera una amenaza para el ecosistema andaluz. De aquella experiencia, sin embargo, se extrajeron conclusiones positivas como aprender de los errores, valorar el extraordinario esfuerzo que se hizo en regenerar con éxito la zona y, sobre todo, no demonizar cualquier proyecto industrial en Andalucía que tuviera relación con el sector dañado sin estudiarlo convenientemente. En ese sentido, es bueno que la Consejería de Innovación de la Junta haya comunicado a la compañía Cobre Las Cruces (CLC) el levantamiento de la suspensión de los trabajos de profundización en la corta minera, paralizados hace casi año. La decisión es la prueba inequívoca de que se están corrigiendo los problemas que pusieron en peligro el acuífero Niebla-Posadas, que abastece a miles de personas. La Junta cumple con su obligación al exigir a CLC todas las medidas de seguridad para evitar que aflore a la superficie el mineral y que éste pueda dañar el acuífero. Y es que la paralización se debió a las evidencias de que no se estaban tomando todas las medidas necesarias para desarrollar con garantías el trabajo. La empresa presentó posteriormente un nuevo plan global de gestión de aguas, avalado por el Instituto Geológico Minero. Mientras Cobre Las Cruces cumpla las exigencias técnicas y ambientales, no hay motivo para demorar su reapertura. La Junta tiene la obligación de garantizar la seguridad, pero ostenta también la responsabilidad de no poner trabas a un proyecto industrial que, en plena crisis, supondrá inversión y más de 500 empleos para la provincia de Sevilla. Industria y sostenibilidad pueden ser compatibles. Y las administraciones tienen como misión que así ocurra por el progreso de Andalucía.
