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Regantes pide que el Estado recupere el Guadalquivir

Firman un manifiesto para mantener la unidad de la gestión de la cuenca y piden a la Junta que acate las sentencias.

el 26 jul 2011 / 21:13 h.

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La Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía Feragua, junto con otras entidades, presentó ayer el Manifiesto Común por la devolución de las competencias del Guadalquvir a la Confederación Hidrográfica de la cuenca. La presidenta de Feragua, Margarita Bustamante, recalcó que la Junta "debe acatar las sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo en las que se anulan las funciones del Gobierno andaluz sobre el Guadalquivir". Una petición que se hace necesaria, según los firmantes, para mantener la unidad de la gestión de la cuenca.

Junto a la asociación de regantes y la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), el Colegio Oficial de Agrónomos de Andalucía, el Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos -con competencia en Sevilla, Ceuta y Melilla-, el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur, Asaja Andalucía, REGA-Andalucía, Federación de Arroceros de Sevilla y el Foro del Agua hicieron hincapié en devolver la unidad de la cuenca para permitir "una gestión más trasparente, eficiente, eficaz y profesional".

En este sentido, Bustamante indicó que el agua debe regirse por un organismo específico -como son las Confederaciones Hidrográficas-, ya que si no su organización supone "un caos". Pese a que los firmantes no se oponen a que la Junta participe en la gestión del agua, reclaman que el dominio final de la cuenca esté en manos del Gobierno central. En este sentido, el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, indicó que el traspaso de competencias implica "la pérdida de la visión técnica a la hora de gestionar el agua y su sucesiva politización".

Los firmantes del documento coincidieron en que el proceso integra a los sectores dependientes del agua "en una incertidumbre jurídica". La Constitución y la Ley de Aguas estipulan que el dominio hidrográfico depende del Ejecutivo central, lo que demuestra que las competencias de la Junta "incurren en ilegalidad", destacó Del Campo.

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