No hay vuelta atrás. El exdelegado de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Rivas se sentará en el banquillo de los acusados ante un jurado popular por las supuestas comisiones ilegales de Mercasevilla, pese a que la juez dice que las pruebas contra él son "débiles". Lo hará acompañado de tres personas más: el exdirector de la lonja Fernando Mellet, su adjunto Daniel Ponce y la extrabajadora Regla Pereira. Todos están acusados de cohecho en un caso que es "un claro ejemplo de corrupción" y en el que la jueza Mercedes Alaya deja entrever "una supuesta financiación ilegal del PSOE". La Fiscalía les reclama una multa de 900.000 euros .
La titular del Juzgado de Instrucción número 6, emitió ayer el auto de apertura de juicio oral, después de que la semana pasada celebrara la vista preliminar del jurado en la que las partes volvieron a reclamar sus pretensiones. La magistrada rechaza todas las solicitudes de sobreseimiento de las defensas y confirma que los cuatro acusados sean juzgados por un jurado popular por reclamar 300.000 euros de comisión a los empresarios del Grupo La Raza para hacerse con la gestión de una escuela de hostelería en Mercasevilla, que ya contaba con una subvención de 900.000 aprobada por la Consejería de Empleo. La investigación ya se da así por concluida y el caso será ya remitido a la Oficina del Jurado para que inicie los trámites para el juicio, rechazando la nulidad de la grabación en la que se oye a los directivos solicitar la comisión, que pidió Mellet.
Alaya concluye que la comisión la reclamaron Mellet y Ponce "ya fuera para su enriquecimiento propio, para la Junta, para el partido político que la gobierna o para cualquier destino desconocido". Para la magistrada "el relato desarrollado en las testificales" de los empresarios de La Raza Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas "y el contenido de la grabación sobre las maneras en que se reclamaron" los pagos "son tan expresivas, tan directas, tan burdas, que representan de manera probable un claro ejemplo de corrupción".
Sobre las pruebas para enjuiciar a los cuatro acusados, la jueza afirma que "existen sólidos indicios" contra Ponce y contra Mellet, a quien considera el "ideador" del proyecto, pero reconoce que en el caso de Rivas y Pereira, en especial para ésta, "el material probatorio que existe es más débil, pero suficiente para que puedan ser juzgados y que su actuación sea examinada bajo el crisol probatorio del plenario". Y es que la instructora cree, como Mellet y Ponce reconocieron en un principio, que Rivas fue el que indicó a ambos que solicitara la comisión. "Debe ser juzgado como acusado pues son tan vehementes, tan contundentes, tan claras, las expresiones" de Mellet y Ponce en la grabación que resulta "poco probable que estas exigencias fueran decididas por estos".
Así, recuerda que los directivos "hacen continuas alusiones" a que dicha comisión "obedece al comportamiento habitual de la Junta, incluso deslizando sutilmente una supuesta financiación ilegal del PSOE cuando dicen o será para carteles de Felipe González, pero yo me creo que es para los niños saharauis'".
