El Gobierno consiguió sacar adelante, sólo con el apoyo del PP, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El resto de la oposición, especialmente los nacionalistas, se opusieron a un decreto ley que consideran que limita la voz de las comunidades en las fusiones de cajas. Mientras, la ministra Salgado defiende su constitucionalidad.
El plan de reestructuración del sector financiero del Ejecutivo salió finalmente adelante gracias al apoyo del PP que, pese a ser "crítico y escéptico", permitió dar luz verde a una norma que querían reformar especialmente los grupos nacionalistas, enfadados porque, según entienden, resta compentencias a las comunidades en materia de cajas.
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, que defendió el plan en un Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados, no logró así el máximo consenso que se había propuesto. Sus argumentos de que el decreto ley por el que se crea el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) es "coherente" con las competencias asignadas a las comunidades autónomas chocaron con los grupos nacionalistas, que acusaron al Gobierno de pasarse "por el forro" los estatutos autonómicos y pidieron sin éxito que el texto fuera tramitado como proyecto de ley para poder introducir cambios.
De hecho, tres son los Gobiernos autonómicos que analizan en detalle cualquier injerencia del fondo de reestructuración sobre su toma de decisión en lo que a fusiones entre cajas se refiere, Andalucía, Cataluña y Extremadura, y están a expensas de ver si optan por presentar un recurso de inconstitucionalidad.
Salgado quiso despejar dudas sobre este asunto y aseguró que el decreto ley aprobado respeta el "bloque de constitucionalidad" de las competencias repartidas entre Estado central y autonomías y es "plenamente respetuoso" con ellas.
Destacó que su objetivo es garantizar una "intervención ágil y eficaz" del Banco de España "cuando sea necesario", evitando que peligre la viabilidad de unas entidades que pueden entrar en riesgo "en los próximos meses". Y advirtió de que, "de no intervenir desde el Gobierno, se podría producir un fuerte quebranto del sistema".
El grupo más duro en sus críticas fue Convergència i Unió (CiU), que sostuvo que el plan "reduce, se apodera, quita y hurta" las competencias autonómicas en materia bancaria, es "inconstitucional" y concede competencias "inadmisibles" al Banco de España. De hecho, afirmó que el plan convierte "todo aquello que afecta a las cajas de ahorros" en un "cortijo particular" del organismo que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
Lo contrario consideró el PP, que jugó hasta ayer con la posibilidad de la abstención y cuyo diputado Álvaro Nadal criticó que el texto no aborde la despolitización de las cajas de ahorros y la reducción de las competencias de las comunidades. Así, consideró que la reforma de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA) es una "reforma estructural básica", lo mismo que el partido de Rosa Díez.
No obstante, el PP terminó dando su apoyo "por responsabilidad" ya que el plan implica en última instancia que el crédito llegue a familias y empresas.
Ese argumento no fue suficiente para recabar el respaldo del resto de formaciones que también advirtieron de injerencias en las competencias autonómicas, como el PNV, ERC y el BNG.
El texto convalidado conlleva la creación del FROB, que ofrece un máximo de 36.000 millones este año y 99.000 millones en 2010 para que las entidades financieras afronten su reestructuración.
