La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, ha negado este lunes haber recibido "ninguna instrucción específica o particular" por parte de la Fiscalía General del Estado en relación a la investigación sobre el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales por parte de los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce a dos empresarios del grupo hostelero 'La Raza', caso que está siendo tramitado por la juez de Instrucción número 6, Mercedes Alaya.
En un comunicado remitido a los medios de comunicación, Segarra ha querido así salir al paso de las informaciones que apuntan a una supuesta inactividad de la Fiscalía hispalense, y ha puesto de manifiesto que la juez instructora "ha seguido la línea de investigación que ya fuera iniciada por el Ministerio Fiscal", y que "ha ampliado en base a la documentación que había sido previamente pedida y que fue incorporada a la causa".
En este sentido, ha explicado que "el tiempo en la investigación y el estudio de la distinta documentación aportada ha permitido ampliar otras líneas de investigación en el juzgado", citando en este punto el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) investigados a cuenta de la supuesta trama de prejubilaciones fraudulentas y el "fondo de reptiles" o supuestas partidas irregulares destinadas a financiar estos procedimientos.
"LABORIOSA" INVESTIGACION
Según ha indicado la fiscal jefe, el caso de los ERE "ha surgido casi dos años después del inicio de la investigación", añadiendo que "difícilmente en los dos meses iniciales de investigación en que la Fiscalía tuvo la dirección de la investigación podrían haberse descubierto todos los hechos que la laboriosa investigación acometida en estos dos años por el Juzgado, la Policía Judicial y el fiscal adscrito al caso han ido descubriendo".
"Como es obvio, el Ministerio Fiscal ha intervenido --conforme a sus obligaciones procesales-- activamente en la tramitación de las diligencias previas que han sido incoadas, encontrándose directamente adscrito al despacho de la causa el fiscal especialista en materia económica y en la lucha contra la corrupción, bajo la directa supervisión de la Jefatura", ha agregado.
La fiscal jefe ha hecho un repaso de los pasos seguidos en relación al presunto intento de cobro de comisiones ilegales a dos empresarios de La Raza, y ha recordado que la Consejería de Empleo remitió a la Fiscalía el 16 de febrero de 2009 un CD con una conversación "que podía constituir la prueba de hechos con trascendencia delictiva", señalando que el CD "iba acompañado de un mero escrito en el que no se relacionaba el contenido del mismo sino tan solo la mera comunicación de posible trascendencia delictiva".
APERTURA DE DILIGENCIAS DE INVESTIGACION
Al día siguiente, y tras la audición del CD, el Ministerio Público abrió las correspondientes diligencias de investigación penal y ordenó a la Policía Judicial la trascripción de la conversación contenida en el soporte y la identificación de la totalidad de los componentes de la misma. De igual modo, apunta Segarra, se llevó a cabo la citación de un testigo, "que es quien constaba como receptor de la mencionada grabación en el escrito que acompañaba la grabación", y se recabó documental de la Consejería de Empleo sobre el expediente de concesión de la subvención al que se refería la grabación.
Segarra precisa que fue el día 7 de abril de 2009 cuando se recibió en la Fiscalía el atestado policial finalizado, con la trascripción de la conversación objeto de investigación y las declaraciones de los empresarios de La Raza y de las personas imputadas. Ese mismo día, el Ministerio Público acordó solicitar que el Ayuntamiento hispalense pusiera a disposición de la Fiscalía la auditoría del resto de subvenciones obtenidas de la Consejería de Empleo por la Fundación Mercasevilla, "que debería ser externa en todo caso"
Además, el Ministerio Fiscal reclamó de la Consejería de Empleo el listado de subvenciones otorgadas por dicha Consejería a través de la Delegación Provincial de Sevilla en los últimos cuatro años. A su vez, prosigue Segarra, "se acordó citar y oír en declaración a los sospechosos", lo que se realiza en días sucesivos a partir del 20 de abril de 2009.
CESE EN LAS INVESTIGACIONES "POR IMPERATIVO LEGAL"
El día 24 de abril de 2009, la Fiscalía "tuvo que cesar en las investigaciones por imperativo legal, sin tiempo a adoptar otras diligencias" al conocer la presentación y admisión de la denuncia presentada por el Partido Popular ante el Juzgado de Instrucción número 6.
La fiscal jefe concluye diciendo que la investigación en Fiscalía permaneció, por tanto, entre el 16 de febrero y el 24 de abril de 2009, "dos meses y 8 días, tiempo en el que se ha impulsado la investigación sin que en momento alguno se haya producido ocultación o dilación interesada de ninguna investigación".
