La corrupción urbanís- tica estalló esta vez en la localidad murciana de Totana. Hasta seis detenciones se produjeron en Pontevedra, Murcia y Madrid en el marco de una operación judicial contra la recalificación de terrenos en el municipio murciano.
La operación la dirige el Juzgado de Instrucción número 1 de Totana en coordinación con la Fiscalía a raíz de un caso que según sus fuentes, está relacionado con la recalificación de unos terrenos en los que iba a desarrollarse un proyecto urbanístico a cargo de una empresa con sede en Galicia. Al menos dos de los arrestados ocupan cargos de responsabilidad en esa empresa promotora, mientras que el resto serán serían intermediarios. Dos de las arrestos tuvieron lugar en Galicia, una en Madrid, otras dos en Murcia y la última en Totana.
La localidad murciana es una población con 26.000 habitantes y 300 kilómetros cuadrados de superficie y está ubicada en el interior de la región de Murcia, en la comarca del valle del río Guadalentín, lo que ha motivado que su principal actividad económica sea la agrícola y la artesana. No obstante, en los últimos años ha experimentado cierto crecimien- to por la construcción de segundas residencias para el turísmo.
El juez que instruye el caso decretó el secreto de las diligencias, que continúan abiertas, por lo que no se descarta que haya más detenciones. Varias dotaciones de la policía judicial de la Guardia Civil registraron a primera hora de la mañana la oficina de Caja Murcia en la calle Sol de Totana, la fábrica de huevos Maryper y una asesoría jurídica de la avenida del General Aznar.
Denuncias.
El portavoz de IU en Totana, Juan José Cánovas, recordó ayer que en septiembre del año pasado ya habían denunciado que una urbanización que tenía previsto construir el grupo gallego Nuaria en esta localidad era "un disparate". El proyecto urbanístico se aprobó en pleno en 2006 y consiste en construir un complejo de 5.000 viviendas en 2,2 millones de metros cuadrados.
Cánovas dijo que "todo apunta" a que la operación tenga que ver con el caso denunciado por IU, a la vez que puntualizó que su formación no llevó nunca a los tribunales el caso. El dirigente de IU, en cambio, sí que dijo que el convenio urbanístico "se llevó con mucho secretismo" y añadió que se aprobó en un pleno cuando gobernaba el anterior alcalde, Juan Morales (PP).
