El Gobierno dio ayer a conocer a los agentes sociales las 41 páginas del documento que recoge su propuesta de reforma laboral, que aprobará el próximo 16 de junio en Consejo de Ministros y cuya convalidación en el Congreso se debatirá el día 22. Este informe desveló muchas de las dudas sobre el futuro del mercado laboral en España, y en él se introducen varias de las iniciativas de las que el Ejecutivo lleva hablando los últimos meses, como la aplicación del modelo alemán o el autríaco.
Empresas en pérdidas. Las firmas con pérdidas durante seis meses podrán hacer despidos individuales o colectivos de manera procedente, con 20 días de indemnización, de acuerdo con una propuesta de la patronal que al Gobierno le parece bien, según fuentes del Ejecutivo, que añadieron que "habrá que acotar las pérdidas, el tiempo de las mismas y el concepto". No obstante, indicaron que "lo razonable" es que las pérdidas que pueda objetar una empresa en este caso se atribuyan a la misma y no a los centros de trabajo.
Obras y servicios. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, avanzó también que en el documento se incluye que los contratos por obras y servicios tengan un máximo de dos años ampliable a tres. Así, recordó que en la última negociación con los sindicatos y la patronal, que acabó sin acuerdo, se barajó primero la posibilidad de que el máximo fuera de dos años y medio, y después se decidió discutir el límite de tres años. El Ejecutivo ha optado por esta última posibilidad, al mismo tiempo que apuesta por aumentar la indemnización de despido de 8 a 12 días en los contratos temporales.
Fondo de capitalización. El Gobierno quiere crear un fondo de capitalización de los trabajadores que imite el modelo austríaco y que debería estar operativo para todos los contratos indefinidos que se firmen a partir del 1 de enero de 2012. Según el borrador, las aportaciones al fondo, que hará el empresario por cada trabajador, se mantendrá durante toda la vida laboral de éste. El texto no detalla cuántos días de salario por año se tendrán que abonar por cada empleado. Las indemnizaciones que tenga que pagar un empresario excluirán las aportaciones que sobre el trabajador en cuestión haya hecho previamente al fondo. El empleado podrá hacer efectivo el abono de las cantidades que acumule a su favor en los supuestos de despido, de movilidad geográfica o para formación. La parte que el trabajador no haga efectiva en el momento de producirse estos supuestos será percibida cuando se jubile. Según el futuro decreto, el Gobierno tiene un año para regular la constitución de este fondo.
Flexibilidad interna. Las empresas que opten por reducir las jornadas laborales de sus trabajadores o suspender sus contratos de forma temporal por causas económicas de fuerza mayor no podrán hacerlo durante más de un año. El texto señala que el contrato podrá ser suspendido a iniciativa del empresario por causas objetivas -económicas, técnicas, organizativas o de producción-, "cualquiera que sea el número de trabajadores de la empresa". El procedimiento de reducción de la jornada, el conocido como modelo alemán, no tiene en cuenta el número de trabajadores que pueden ser afectados. Se entiende como reducción de jornada la disminución temporal de entre un 10% y un 70% de la jornada de trabajo.
Cláusula de descuelgue. Las empresas podrán dejar de aplicar las condiciones salariales previstas en los convenios colectivos sectoriales cuando su estabilidad económica pudiera verse dañada como consecuencia de tal aplicación y pusiera en peligro las posibilidades de mantenimiento del empleo. En el caso de que un convenio sectorial no incluya la cláusula de descuelgue (que exime de aplicar lo pactado en convenio), ésta podría ponerse en marcha por acuerdo entre el empresario y los representantes de los trabajadores.
Causas de despido. El texto reconoce que concurren causas económicas que justifican una reducción de plantilla "cuando los resultados de la empresa arrojen pérdidas económicas no meramente coyunturales". "A estos efectos, la empresa tendrá que acreditar objetiva y documentalmente los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce mínimamente la razonabilidad de la decisión extintiva", añade el documento. Los despidos procedentes tienen una indemnización de 20 días por año trabajado. En caso de aprobarse, la ampliación de los supuestos para que las empresas puedan acogerse a causas económicas, con el consiguiente recorte del dinero por despedir, afectará tanto a los indefinidos comunes como a los de fomento del empleo.
Bonificaciones. Las empresas que contraten hasta el 31 de diciembre de 2011 de forma indefinida a parados entre 16 y 30 años, ambos inclusive, con problemas de empleabilidad -desempleados más de un año y sin titulación profesional-, obtendrán una bonificacción en las cuotas a la Seguridad Social de 800 euros durante tres años, que ascenderá a 1.000 euros si son mujeres. Si el contratado es un trabajador de más de 45 años desempleado durante al menos 12 meses, la bonificación será de 1.200 euros (1.400 euros si es mujer), y si se trata de una conversión en indefinido de un contrato formativo, de relevo o de una sustitución por anticipación de la edad de jubilación, la bonificación será de 500 euros (700 euros en el caso de las mujeres).
A estas medidas se unen las ya conocidas el jueves, como la ampliación de las condiciones para aplicar el contrato de fomento del empleo o que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) financie ocho días en los despidos de nuevos contratos de este tipo -con una indemnización de 33 días por año trabajado- celebrados con posterioridad a la entrada en vigor del decreto y que superen el año de antigüedad.
El Ejecutivo prevé apoyos suficientes en el Congreso
La reforma laboral que aprobará el Gobierno el 16 de junio será "sustantiva", según prometió ayer el Gobierno, que es optimista con la posibilidad de tener el apoyo del principal partido de la oposición, el PP, así como de CiU y el PNV. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, subrayó que el Ejecutivo hará todos los esfuerzos para lograr "el mayor apoyo posible" de los partidos políticos.
Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, rechazó que el diálogo con los agentes sociales, a pesar de haber fracasado, haya sido baldío, y en este sentido insistió en que la reforma que se apruebe será en buena parte fruto de dicho diálogo. La vicepresidenta primera apuntó que el Gobierno trabaja con la "tranquilidad" de haber hecho un "trabajo serio y riguroso" en la búsqueda de un acuerdo.
Un pacto que ahora el Ejecutivo buscará en los partidos políticos, para conseguir que el decreto se convalide en el Congreso el próximo 22 de junio. Las reuniones con los grupos comenzarán el lunes.
