Los fiscales de siniestralidad laboral intensificarán la persecución de los delitos de riesgo con la colaboración de UGT y CCOO. Para agilizar la intervención, si los sindicatos detectan peligro podrán denunciarlo a la Fiscalía, sin esperar a la Inspección de Trabajo. El Ministerio Público puede parar la obra.
La Fiscalía y los sindicatos han creado un nuevo protocolo de actuación con el objetivo de "atajar mucho más los delitos de riesgo", que están castigados con una multa y penas de prisión de entre seis meses y tres años, según explicó a este periódico la coordinadora de los fiscales de siniestralidad, Ángeles Ayuso. Se trata de reducir los tiempos y trámites porque "la Inspección de Trabajo hace muy buen trabajo, pero le faltan medios".
Por esta vía, los sindicatos tendrán un interlocutor en cada provincia para acudir directamente a la Fiscalía correspondiente, con potestad para abrir diligencias que supongan la intervención de la Policía Judicial para paralizar las labores donde se ha detectado riesgo para los trabajadores.
Tanto Ayuso como el secretario de salud laboral de UGT-Andalucía, José Manuel Guerrero, apostaron por que la presión penal ante la siniestralidad laboral sea anterior a que ocurra un accidente. "Esperemos que tenga un efecto disuasorio, el derecho penal siempre lo tiene", sostuvo Ayuso. Hay que lograr, dijo, "que no compense infringir la norma de prevención de riesgos laborales porque mientras sea más rentable económicamente no se atajará". A su juicio, las penas actuales "son leves, adecuadas, pero no singularmente graves comparadas con otras denuncias".
Los sindicatos contarán con un interlocutor de la Fiscalía en cada provincia para filtrar los casos que consideran denunciables. A este punto se llega cuando ya ha fallado la vía sindical de la negociación y se produce una reincidencia en la supuesta situación de riesgo.
Aunque actualmente los delegados sindicales tienen potestad para paralizar unos trabajos, necesitan reunir muchas pruebas y, según reconocieron Ayuso y Guerrero, es difícil que un delegado termine asumiento esta responsabilidad. El procedimiento habitual, por tanto, es denunciar la situación ante la Inspección de Trabajo. ¿Qué falla? "La falta de medios de la Inspección hace que no lleguen a todo o tarden mucho tiempo en acudir a la empresa en cuestión", explicó Guerrero.
Con la nueva colaboración de la Fiscalía y los sindicatos, las centrales actúa como "defensoras del interés general", poniendo en conocimiento de la Fiscalía unos hechos con los que ésta abre diligencias y puede instar a la Policía a la paralización cautelar de las tareas. "No se trata de meter a la Policía en las empresas, pero sí que entre cuando tenga que hacerlo, porque la Fiscalía actúa cuando hay un presunto delito", señaló Ayuso.
Como novedad, los sindicatos también podrán personarse como acusación particular en casos de delitos de riesgo, mientras que hasta ahora sólo podían hacerlo ante causas abiertas tras producirse un accidente laboral.
El nuevo protocolo forma parte de un acuerdo marco que mantiene la Fiscalía Superior de Andalucía con los sindicatos mayoritarios para luchar contra la siniestralidad laboral.
La coordinadora de los fiscales especializados en esta materia destacó que las denuncias han experimentado un aumento "importante" pero llegan cuando ya se ha producido un accidente y han crecido un 28% las sentencias de los juzgados de lo penal por este tipo de causas, la mayoría condenatorias. El sector de la construcción acapara los accidentes más graves pero no es donde más se producen, pues son frecuentes los casos de quemaduras y las caídas porque "en España en general se trabaja muy mal en altura".
