El Gobierno tailandés avisó ayer al frente rebelde de los llamados camisas rojas que tiene de plazo hasta hoy lunes para disolver de forma definitiva a sus manifestantes antigubernamentales, a pesar de haber renunciado al plan de imponer el toque de queda en la zona central de la capital del país (Bangkok) tras la ola de violencia que ha causado al menos 30 muertos en cuatro días.
Aún así, el Gobierno del país asiático sí declaró ayer el estado de excepción en otras cuatro provincias de la región noreste, con lo que ya son ya 15 las provincias del norte y del noreste bajo el estado de excepción.
A pocas horas de que entrase en vigor el toque de queda decretado por el Gobierno, el primer ministro, Abhisit Vejjajiva, y un jefe militar del Ejército comunicaron que el centro de mando de operaciones para la seguridad, había considerado innecesario imponer el toque de queda. "No es necesario por ahora emplear esta medida porque tememos que puede tener un impacto adverso", explicó durante la rueda de prensa que ofreció el secretario del jefe del Estado Mayor del Ejército, general Aksara Kerdhpol.
La indecisión en el seno Gobierno tailandés surgió un día después de que la televisión estatal difundiera varias imágenes de todos los altos mandos reunidos con la intención de ofrecer a los ciudadanos una deliberada señal de unidad en una institución proclive a las divisiones. La reacción pública de los cabecillas de los camisas rojas, que el día antes pidieron al Gobierno y al Ejército un alto el fuego, fue reiterar sus disposición a retomar la negociación con el Ejecutivo bajo la condición de que retirara las tropas que cercan la zona de unos tres kilómetros en la que se atrincheran desde hace cinco semanas. "No ponemos ninguna otra condición. No más perdidas de vidas humanas", anunció a los manifestantes Natthawut Sakua, uno de los 24 líderes del frente.
También el dirigente de los camisas rojas sugirió que en el caso de que el Gobierno acceda a retomar el diálogo, en éste tendrá que participar Naciones Unidas en calidad de mediador. Pero en respuesta la oferta de los opositores, el Ejecutivo insistió en que las tropas continuarán en las calles de la capital para restablecer el orden e intensificar el cerco al campamento de los camisas rojas. "Si de verdad quieren hablar, no deben imponer condiciones" dijo Korbsak Sabhavasu, secretario general de la jefatura de Gobierno. Antes, el frente antigubernamental comunicó a los manifestantes que tenían libertad para abandonar o continuar en el campamento, de unos tres kilómetros cuadrados y en el que las provisiones escasean desde que las tropas empezaron a limitan la entrada de víveres. Según el Gobierno, tras las barricadas y empalizadas levantadas por los manifestantes para protegerse de una eventual carga de las fuerzas de seguridad hay unas 6.000 personas, una cifra que los cabecillas del frente rebelde elevan por encima de 10.000. Desde que el pasado 12 de marzo comenzaron las protestas, al menos 53 personas han perdido ya la vida en el conflicto y unas 1.600 han resultado heridas en explosiones de granadas. Además, a lo largo del día de ayer, los francotiradores del Ejército tailandés abatieron al menos a dos manifestantes cuando varios cientos se concentraban en la inmediaciones de la zona bajo el control de los camisas rojas, dijeron testigos y fuentes médicas. El centro de emergencias, que coordina la asistencia sanitaria, indicó que un manifestante recibió un balazo en la cabeza y que falleció cuando era trasladado al hospital, mientras que la otra persona se trataba de una mujer de unos 30 años.
Los soldados tienen la orden de disparar contra cualquier camisa roja que esté a menos de 36 metros de una de las diferentes posiciones militares. Cerca de otras 200 personas han resultado heridas desde que el pasado jueves el Ejército emprendió una amplia operación para cercar a los partidarios del frente antigubernamental atrincherados en un área del corazón comercial de la capital tailandesa.
