"Todo era un procedimiento legal, justo y desde luego nada arbitrario". Con estas palabras defendió ayer el edil de IU Antonio Rodrigo Torrijos el concurso público que acabó con la adjudicación de los suelos de Mercasevilla a una filial de la constructora Sando. Torrijos, que llegó a los juzgados arropado por sus compañeros de IU, supo ayer que la jueza Mercedes Alaya le ha imputado por cuatro delitos : maquinación del precio de las cosas, prevaricación, fraude de exacciones ilegales de funcionarios públicos y un delito societario.
El exvicepresidente de la lonja defendió en todo momento su actuación, asegurando que "tanto los técnicos de Mercasa como del Ayuntamiento no hicieron reserva de la legalidad ni a la fórmula ni al pliego ". Esto le dio "seguridad jurídica", pero también "política" cuando "representantes de otros partidos, miembros del PA y el PP, votaron a favor". En concreto hizo referencia varias veces a la popular María Dolores Rodríguez Meléndez, que pertenecía al consejo de administración de Mercasevilla, ya que ella "no sólo dio su apoyo, sino que felicitó por la gestión del procedimiento". Asimismo, recordó "que también fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento y con carácter previo, por la junta general de accionistas donde los empresarios que ahora me denuncia, los mayoristas de frutas, no opusieron reparo alguno". Todo ello, unido a que se contrató a una persona del departamentos de Economía Aplicada de la Hispalense para la baremación, hizo que le diera "absoluta garantía jurídica y seguridad política", concluyó Torrijos.
El portavoz de IU también defendió la legalidad del pliego elaborado "por personas de más alta cualificación", votando a favor del mismo porque "personas que tenían más preparación votaron a favor de la aprobación del pliego". En cuanto a las polémica cláusula de limitación al alza del precio que hizo que la oferta Sando para hacerse con el suelo obtuviera más puntuación que otras, Torrijos señaló que desconoce quien la introdujo. "No he intervenido en la misma, ni di instrucciones de que se introdujera", afirmó, añadiendo que también desconoce si la misma fue o no idea de Sando.
En su declaración, que se extendió durante ocho horas, Torrijos volvió a insistir en que si defendió la fórmula del concurso público frente a la subasta fue "porque consideraba que el mismo era más cercano al interés general", ya que a su entender "si sólo se observase el contenido económico, tendría una repercusión en el precio del suelo y, por tanto, en perjuicio de los ciudadanos que accederían a las viviendas". Aún así, aclaró que el hecho de apostar por esta opción "no quiere decir que decidiera esta fórmula, sino que lo hicimos entre todos".
La magistrada, en cambio, cree que Torrijos "en connivencia" con el resto de imputados en esta rama del caso (son 16 en total) "preparó sabiendas de su injusticia" un concurso público para la venta del suelo de Mercasevilla que favoreciera a Sando, ya que la constructora "estaba sustentando económicamente" a la lonja al adquirir unos terrenos en la misma. Una acusación que rechazó Torrijos y a la que contestó que le parecía "una opinión respetable, pero absolutamente cuasi mágica, pues habría que poner a una docena de personas de acuerdo y además en silencio".
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 llegó incluso a afirmar que el concejal de IU, junto a los directivos de Mercasevilla, "promovió un previo acuerdo" con otras empresas "para que presentaran ofertas de relleno o poco serias", lo que fue negado por Torrijos que lo calificó de "manifiestamente falso". El edil también precisó que no mandaba en Mercasevilla y se negó a contestar a las preguntas del resto de las partes, salvo las del fiscal y las de su letrada.
