La Policía Nacional ha desarticulado una trama de empresarios afincados en la provincia de Cádiz que se dedicaba a la contratación irregular de inmigrantes. La investigación revela que, a cambio de dinero, les prometían un puesto de trabajo en la UE que nunca les proporcionaban.
La Brigada de Extranjería de la Comisaría de El Puerto ha detenido a tres personas que tras ser puestas a disposición judicial quedaron en libertad con cargos. Dos de ellos, J.L.A.P., de 42 años, y J.P.G., de 39, son de nacionalidad española, y el tercero, J.A, de 28, es marroquí. Los tres han sido imputados por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
La investigación se inició hace varios meses cuando se detectaron actividades sospechosas por parte de estas compañías ubicadas en distintas poblaciones de la Costa Noroeste. Los titulares de estas sociedades viajaban frecuentemente a Marruecos donde, a través de los servicios de un intermediario natural del reino alauita, se ponían en contacto con ciudadanos marroquíes que estaban dispuestos a pagar fuertes sumas de dinero para trabajar en el continente europeo.
Según las averiguaciones de la Policía, estos empresarios se ofrecían a tramitar los permisos necesarios para legalizar su situación a cambio de percibir cantidades que rondaban los 10.000 euros.
Esta tramitación fraudulenta se realizaba, al parecer, mediante tres sociedades inscritas en el registro mercantil. Se ha localizado el domicilio social de una de estas empresas, donde se ha intervenido abundante documentación que prueban estos delitos.
Esta actividad ilícita iba más allá porque una vez en territorio europeo a estas personas no se les llegaba a proporcionar el trabajo por el que habían pagado.
De hecho, cuando reclamaban lo que se les había prometido se les respondía con nuevas peticiones de dinero, que ascendían a 4.000 euros, con la excusa de que tenían que hacer frente a imprevistos.
Los detenidos han conseguido embolsarse a costa de este fraude al menos 22.000 euros en efectivo, aunque la cantidad podría incrementarse conforme avance la investigación. También podría aumentar el número de personas que aceptaron pagar hasta 10.000 euros por un trabajo en la UE que nunca se les facilitó.
De momento hay cuatro perjudicados pero la Policía está pendiente de verificar los datos laborales de otros trabajadores que podrían estar en la misma situación. Estos empresarios no sólo ofrecían contratos irregulares a estos trabajadores sino que además estafaban a los ciudadanos con los que se ponían en contacto en Marruecos.
