Según la declaración de Andrés C.M., detenido por la Policía por un delito de tráfico de influencias, es "amigo de la infancia de Javier Guerrero, puesto que ambos son nacidos en el mismo pueblo". Él explica que se separó de su mujer en el año 2000 y se quedó con la custodia de sus tres hijos. Poco después se quedó en paro. Fue entonces cuando "le pidió trabajo para poder mantener a su familia. Javier le dijo que ya buscaría algo. Se veían cada semana en el pueblo y en el año 2003 le ofreció la posibilidad de acogerse a una ayuda de un fondo de pensiones", recoge la declaración policial. "Fue en casa de Javier Guerrero donde firmó todos los documentos", añade.
Andrés C.M. aseguró en su declaración que él preguntó "en varias ocasiones" si la ayuda "era legal y Javier le dijo que estuviera tranquilo que eso era legal". Así, firmó una póliza por la que cobraría más de 145.000 euros entre agosto de 2003 y mayo de 2013.
Este no es el único vecino de El Pedroso que aparece en la investigación, ya que también está el exalcalde de la localidad Rafael Rosendo Villavieja, quien ha puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla dos cheques por valor de 109.750 euros, "con la intención de poner de manifiesto al órgano instructor su deseo de devolver las cantidades percibidas de modo irregular". A Rosendo la Policía también le interroga por una subvención que la Sociedad de Desarrollo (SODELP) -que el presidía- por importe de 450.000 euros, de los que "solo fueron ingresados 400.000 euros en la cuenta del Ayuntamiento". El exalcalde mantiene que como era el presidente del consejo de administración, pero que "no estaba al tanto de las cuentas". Otro de los intrusos es Alejandro M. T., un vecino del edificio donde vive el exdirector general de Trabajo; mientras que otro de los detenidos, Rafael R.G. reconoce también ser amigo de Guerrero.
En lo que coinciden todos los que han declarado ante la Policía Judicial es en que desconocían que las ayudas que el exdirector general de Empleo les ofrecía fueran ilegales. Casi todos reconocen sus firmas en las pólizas, pero explican a la Policía que en ese momento desconocían que estaban siendo incluidos en las pólizas con las que se estaban financiando los ERE. El marido de una exconcejal de Camas, José Manuel L.E., llega incluso a afirmar que "no sabe ni leer ni escribir y se tiene que fiar de lo que le dicen".
