Por C. Muñoz y D. Cela Un centenar de estudiantes (104) se han matriculado en universidades andaluzas sin haberse examinado de Selectividad o teniéndola suspensa. La mayoría han estado inscritos en la Pablo de Olavide, de Sevilla, y en facultades de Almería y Granada, según fuentes de la Consejería de Economía e Innovación, aunque fuentes académicas admiten que se han detectado casos en otras universidades. Los estudiantes lograron formalizar su matrícula en virtud de una norma estatal, aprobada en junio, que regula el periodo transitorio de acceso a la Universidad mientras desaparece la Selectividad y se implanta el modelo de la Lomce, en el que cada Universidad podrá fijar sus propios criterios de acceso. Esa norma no está aprobada ni desarrollada en Andalucía, sin embargo, estuvo habilitada temporalmente entre junio y septiembre, permitiendo que 104 estudiantes se colaran en el sistema universitario andaluz.
Para entender esta rocambolesca situación hay que hacer el siguiente relato de los hechos. El Ministerio de Educación aprobó el 7 de junio pasado en el Boletín Oficial del Estado el RealDecreto en el que se detallan las normas de admisión a la Universidad. Se trata de un Real Decreto que desarrolla la Lomce (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) en lo referente al acceso a los estudios superiores. En su disposición adicional tercera se dice: «Quienes no hubieran superado ninguna prueba de acceso a la Universidad y hubieran obtenido el título de Bachiller podrán acceder directamente a las enseñanzas universitarias oficiales de grado si bien deberán superar los procedimientos de admisión que fijen las universidades». Esto no es más que un reflejo de la filosofía de la Lomce: cada universidad tiene vía libre para fijar los criterios de acceso. Pero ya las universidades andaluzas y la Junta en el mes de febrero cuatro meses antes del Real Decreto del Gobierno tomaron una decisión política y académica de primer orden: en Andalucía, todos los estudiantes entrarían en la Universidad con un requisito común, la Selectividad. Tras la firma de este acuerdo unánime, universidades y Consejería de Innovación defendieron públicamente que con este sistema se garantizaba «el acceso por méritos» y en «igualdad de condiciones».
Con estas premisas se presentaron a Selectividad en junio los miles de estudiantes que optaban a una carrera universitaria. Ya con los exámenes de junio terminados, en una reunión de Distrito Único Andaluz celebrada el 10 de julio y en la que estaban presentes los vicerrectores de Estudiantes, técnicos de la Administración plantearon a los representantes académicos la posibilidad de aplicar no en este curso sino en próximos el Real Decreto del Gobierno antes mencionado.
En dicha reunión no se adoptó acuerdo alguno, sostienen las fuentes académicas consultadas. Sobre lo que ocurre desde ese momento y hasta el pasado mes de septiembre, Universidad y Junta de Andalucía ofrecen versiones diferentes. Para la Junta, «en internet se habilitó una pestaña que dio la posibilidad a estos estudiantes sin Selectividad de formalizar su matrícula». Para la Universidad, la aplicación informática del Distrito Único (cuya gestión depende, según ella, de la Administración) permite que de forma «provisional» los estudiantes que tienen suspensa la Selectividad y han reclamado su nota permanezcan «inscritos» en el sistema. Son estos estudiantes los que se han colado.
Y así llegamos a la situación actual. Los 104 estudiantes a los que se les ha permitido matricularse en la Universidad sin tener Selectividad tendrán que dejar las aulas «porque no tienen cobertura legal», explican fuentes de la consejería, recordando que la norma que rige en Andalucía es el acuerdo firmado por las universidades y la Junta en febrero de 2014. No obstante, las fuentes académicas consultadas reconocen que hay una gran «preocupación» por la situación de los afectados y que, por eso, no se descarta una «solución negociada» dentro del marco de la legalidad. Apostillan en la Junta que los estudiantes que no reunían los requisitos han estado matriculados «una semana». Pueden presentar un recurso y el dinero les será devuelto.
