Wilfredo Heredia, un boliviano de 27 años, pide regresar a España tras ser repatriado. Su mujer y su hijo viven en Algeciras (Cádiz), donde trabajó como albañil durante dos años, hasta ser denunciado y detenido por carecer de documentación. Hasta que fue obligado a volver a su país, su mujer entró también a España de forma ilegal y tuvieron un hijo, Javier, que según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, aunque nació en territorio español, no posee la nacionalidad.
La Subdelegación aclaró ayer en Cádiz que el niño cuenta con "una ficción de protección" que concede la Unión Europea a la infancia y añadió que su madre, Brenda Abarguazo, también está en España "de manera ilegal", lo que imposibilita la retirada de la orden de expulsión de su marido y la concesión de la reagrupación familiar. Fuentes de la Subdelegación explicaron a Europa Press que los acuerdos españoles con Bolivia impiden la reagrupación de familias que se encuentran en situación ilegal en un país y añadió que Wilfredo, el cabeza de familia expulsado, lo está "conforme a la normativa" y, por tanto, tampoco se puede retirar esa orden. La Subdelegación dijo también que Wilfredo había sido detenido "año y medio antes" por estancia ilegal en el país y, en ese tiempo, "no presentaron ningún recurso judicial ni administrativo".
La mujer, Brenda Abarguazo, trabaja como empleada doméstica y en la hostelería los fines de semana con un sueldo que no supera los 500 euros. El pasado martes se personó con su hijo en la Subdelegación del Gobierno de Cádiz, donde presentó una solicitud para revocar la orden de expulsión y la prohibición de entrada al país como ha ordenado en otros casos similares el Tribunal Supremo.
Estuvo acompañada por Juan Manuel León, de la Fundación Márgenes y Vínculos, quien explicó que desde junio están "en un tira y afloja con Extranjería". El defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo está mediando en el caso con la Administración.
