Dos empresarios sevillanos que montaron una constructora pensando que podrían sortear la crisis trabajando en Marruecos se han visto expulsados sin miramientos de una promoción de 240 viviendas públicas que tenían prácticamente acabadas en Tánger, sin tiempo ni para recoger sus herramientas y sin que la promotora que los había subcontratado les pagara el trabajo realizado durante casi un año.
"Un día llegaron y nos dijeron que nos fuéramos, que el terreno era suyo, y nos echaron con amenazas sin dejarnos sacar ni las herramientas, en las que habíamos invertido 350.000 euros entre maquinaria, materiales y el traslado. La obra no nos la habían pagado, pero cuando tratamos de volver a entrar nos lo impidieron con violencia. Luego enviamos a un intermediario y le agredieron", se queja Manuel Dueñas, uno de los propietarios de la constructora Torreblanca Construction Maroc, que ha denunciado a la promotora Addoha y quiere que el caso se conozca para que no le ocurra lo mismo a nadie más.
Debiéndole dinero a sus proveedores y sueldo a sus 160 trabajadores al no haber cobrado el trabajo, sabiendo que sin una solución no podrán trabajar más en Marruecos -donde estas deudas suponen penas de cárcel- y enfadados después de enterarse que muchas otras empresas españolas habían sufrido el mismo trato, Dueñas y su socio Rodrigo Rodríguez han denunciado el caso en Marruecos. Exigen a la promotora 1,8 millones de euros en un juicio que está previsto para hoy, aunque ya tuvieron otra citación para el mes pasado que se canceló porque "el juez dijo que el caso no era urgente". Los representará un abogado porque ellos no pueden entrar en el país.
La obra contratada tenía un coste de unos 3 millones de euros, con un beneficio que rondaba los 300.000, según los empresarios, que afirman que en la misma promoción de unas 2.500 viviendas trabajaban otras dos empresas españolas a las que les pasó lo mismo. Este periódico contactó con una, que confirmó la historia pero declinó hacerla pública.
Los movimientos de tierra comenzaron en marzo de 2010. Tres meses después se firmó el contrato para un año. El mes pasado fueron expulsados y desde entonces, sus intentos de recuperarla acudiendo a las autoridades marroquíes han fracasado, según ellos por los elevados niveles de corrupción de la administración, que no han impedido estas amenazas y agresiones.
Los empresarios han comunicado lo ocurrido al Consulado de Marruecos en Rabat, a la Cámara de Comercio Marroquí en España, al Parlamento de Andalucía y al Europeo y se quejan de que las autoridades españolas sigan promocionando la inversión en Marruecos, porque "si los empresarios supieran que corren este riesgo, no trabajarían allí".
