La empresa de vigilancia del recinto tecnológico Cartuja 93, donde se ubicaba la comisaría de la Policía Local ya desmantelada, hizo un amplio informe sobre el trajín de la retirada de material del último edificio en desocuparse, en concreto el denominado C, cuyo interior denuncia la empresa propietaria, Detea, que se ha dejado en ruinas. Este seguimiento se realizó durante diez días, con continuas avanzadillas para hacerse con el botín de la chatarra. Los vigilantes de la compañía Omega hablan de que los chatarreros eran "conocidos" por los agentes municipales puesto que ya habían participado del desmantelamiento anterior de los otros dos edificios adscritos a la Delegación de Seguridad y Movilidad.
Así, el 14 de junio el personal de Omega interceptó un vehículo con chatarreros que, dice dicho informe, "eran conocidos por el servicio de seguridad ya que anteriormente habían participado en el desmontaje del edificio C1 en presencia de la Policía Local". No obstante, "al no tener autorización", la compañía les expulsa. Desde la chatarrería los mandaba "El Falete".
Este conocimiento, de hecho, alcanzaría grados de familiaridad, a tenor de las diligencias abiertas por la Policía Nacional, en las que se indica que entre el dueño de la chatarrería y el policía local había parentesco -eran "cuñados"-.
Si bien no pueden concretar si son los mismos o no, durante esa jornada se constata la presencia de más chatarreros, de ahí que se diera el aviso a la Policía Nacional. "Hubo una huida rápida", relatan. "En la inspección realizada se puede comprobar que en el edificio existe documentación diversa tirada por el suelo; el edificio se encuentra desmantelado".
Tres días después, se quieren incluso llevar señales de tráfico apiladas, que finalmente fueron retiradas por la Policía Local, a la que se avisó. En la jornada siguiente, un camión que dijo venir de la chatarrería ya conocida es obstaculizado a su entrada por los vigilantes.
El día 19, y según el mismo relato, una persona que se identifica como intendente de la Policía Local enumera el material trasladado a otros edificios municipales, desde los aparatos de aire acondicionado hasta "la grifería de los sanitarios", pero no las puertas y ventanas, de las que dijo desconocer cómo habían desaparecido, sugiriendo que habrían podido robarlas durante el fin de semana". "Le comentamos que no, ya que habíamos mantenido la vigilancia, si bien le señalamos que han intervenido los chatarreros de siempre, contestándonos que él había dado permiso en otra ocasión pero no para este edificio y si habían entrado, sería por cuenta propia".
Se produce posteriormente un enfrentamiento con una directiva de Prodetea, filial de Detea, quien asegura que el citado intendente había acusado a los vigilantes de seguridad de haber dejado entrar a los chatarreros. "No es cierto, pues los mismos han estado con la propia Policía [local], están identificados y son conocidos al haber desalojado otros edificios", replican los trabajadores. La responsable de la compañía, según los empleados de Omega, ordenó que nadie entrara en el edificio, "ni incluso la Policía", a la que se prohibió "taxativamente" retirar más material. Para rematar, en jornadas posteriores volverían a presentarse un vehículo grúa y una furgoneta y, por último, operarios de Protección Civil que se llevaron la barrera y los mecanismos de entrada que había en la antigua comisaría.
El informe de Omega se acompaña de una decena de fotografías del interior, que muestran caos y destrozos de las instalaciones ahora recuperadas por Detea, compañía que reclama al Consistorio 17,1 millones de euros de indemnización "por la entrega tardía y en estado de ruina de los edificios".
Detea acudirá a los tribunales de lo contencioso-administrativo, donde reclamará al Ayuntamiento el pago de esa cuantía, un proceso legal en paralelo al investigado en el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla. El Consitorio desestimó por haberse interpuesto "extemporáneamente" el recurso de reposición solicitado por Detea.
