«La enfermedad no prescribe porque estará aquí hasta que me muera». Con estas palabras Antonio Zafra, uno de los trabajadores de Uralita que ayer declaró como testigo, pretendía trasladar a la magistrada que juzga la segunda demanda presentada por un grupo de 30 afectados por el amianto, cómo la enfermedad que provoca va evolucionando «hasta que te mata», por lo que no debería fijarse una fecha para de prescripción para reclamar la responsabilidad civil de la empresa, como le ocurrió a él. Uralita sostuvo ayer que ha sido la primera compañía que «de forma voluntaria» tomó medidas para prevenir los efectos de esta sustancia. Mientras el Juzgado de lo Social número 8, comenzaba a tomar declaración a los testigos de los trabajadores y de la empresa, con dos horas de retraso, en la puerta del edifico Noga volvían a concentrarse más de un centenar de personas para apoyar a los 30 afectados incluidos en esta segunda demanda. «El amianto mata» o «Uralita responde» eran algunas de las frases que lucían en las pancartas que portaban trabajadores y denunciantes. José Menor, secretario de la Asociación de Víctimas del Amianto (Avida) volvía a mostrar ayer su «esperanza» en que la magistrada del Juzgado de lo Social número 8 «tenga mayor sensibilidad y reconozca que nuestra enfermedad va a peor con el tiempo. Estamos hoy aquí, pero no sabemos quién va faltar dentro e muy poco», señaló.
Menor recordó que con la primera sentencia, que hacía alusión a la 26 trabajadores, tuvieron «una sensación agridulce porque reconocía la causa-efecto», pero fijó en un año el tiempo de prescripción desde que se diagnostica la enfermedad hasta que se presenta la demanda, «cuando es un daño que evoluciona y lo que comienza como una afección pulmonar puede acabar en un cáncer». Además, la asociación tampoco estaba satisfecha con «el criterio» seguido por la jueza para baremar las indemnizaciones «porque no lo explica». En aquella ocasión, los trabajadores solicitaban un montante total de 2,2 millones, mientras que en esta ocasión la petición se eleva a 4,2 millones de euros repartidos entre 30 afectados según su patología. Julio García de la Vega es uno de estos empleados cuya demanda se ha visto en ese segundo juicio. Él se marchó de Uralita, que cerró en 1999, diez años antes «por prescripción del médico de empresa». Doce años después le diagnosticaron asbestosis, lo que le ha reducido su capacidad pulmonar en un 55%. A sus 67 años, lleva 25 años jubilado. «Para mi fue horrible verme con 42 años jubilado y con una enfermedad que me limita», tanto que ahora «no puedo ni coger en brazo a mis dos nietos». Y es que para Julio subir unas escaleras o poder dormir una noche del tirón, sin que se despierte porque se asfixia es algo ya inalcanzable. Él no entiende que, con este diagnóstico y otros mucho peores, Uralita siga intentando «eludir su responsabilidad».
La jueza quiere conocer cómo trabajaban estos operarios y por eso ayer preguntó a Antonio Zafra si tenían mascarillas para protegerse de las partículas contaminantes. «Desde que entré en el año 1965 hasta 1980 mi única mascarilla era el pañuelo que llevaba en el bolsillo», aseguró. Antonio recuerda que en la empresa «había unos aspiradores, que tenían un cajón desde el que se pasaba todo el polvo a una cubeta descubierta» y como «para quitarme el polvo de encima me daba con un compresor de aire».
Uralita, en cambio, mantuvo en el juicio que hace cuarenta años se desconocían sus efectos sobre la salud pero, pese a ello, fue «una de las primeras compañías que adoptó voluntariamente medidas de prevención». Según informó en un comunicado, «siempre ha desarrollado su actividad cumpliendo estrictamente con toda la legislación en materia de amianto». La fábrica de la barriada sevillana de Bellavista «fue de las primeras empresas que, adelantándose a la legislación» tomó dichas medidas. Ahora, la última palabra la tiene la magistrada, que será la que dicte sentencia.
