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Guerra de diagnósticos en Uralita

Los extrabajadores se mostraron "optimistas" tras la finalización de la vista.

el 11 jun 2013 / 19:43 h.

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uralita-concentracion Manuel Castillejo, como muchos de sus compañeros, llevaba años pasando reconocimientos médicos periódicos porque se asfixiaba y cogía catarros frecuentes que siempre le diagnosticaban como “bronquitis crónica”, hasta que hace tres años surgió una palabra que ya conocía de sobra:asbestosis. Es una de las tres enfermedades profesionales ya reconocidas como vinculadas a la exposición al amianto junto al cáncer de pulmón y el mesotelioma (que afecta a la pleura). Manuel ha conocido a muchos excompañeros de la fábrica de Uralita en Bellavista que las padecían. Por eso reconoce que cuando se lo dijeron no le sorprendió. “¿No me lo voy a temer, si me he llevado 28 años tragando amianto?”, dice. Manuel es uno de los 26 antiguos empleados de la factoría de Bellavista que han presentado colectivamente una demanda para reclamar a Uralita un total de 2,2 millones de indemnización. Ayer, en la segunda sesión del juicio, todos ellos escucharon a dos médicos testificar como peritos de parte de la empresa y cuestionar la gravedad de su estado. “Para ellos ha sido muy duro escuchar a dos médicos decir que están perfectamente cuando ellos saben cómo es su día a día”, explica la abogada de la asociación de víctimas del amianto (Avida) que los representa, María José García. La letrada recordó que la neumóloga del hospital de Valme Inmaculada Alfajeme, que declaró el lunes por parte de los demandantes, “es una profesional del sistema público de salud totalmente ajena a la causa y ahora Uralita pone en tela de juicio sus diagnósticos”. Alfajeme dirige la consulta de Valme especializada en enfermedades vinculadas con el amianto, donde según declaró lleva 180 casos no solo de trabajadores sino de familiares y vecinos de Bellavista. Ayer se celebró la segunda sesión del juicio con las declaraciones de los peritos de Uralita: dos médicos y un auditor de cuentas que afirmó que la empresa invirtió 1,2 millones de euros en medidas de seguridad e higiene entre 1964 y 1996 (la factoría cerró en 1998, cuando se prohibió el uso del amianto en Europa aunque en España se permitió hasta 2002). El lunes declararon a instancias de los demandantes cuatro extrabajadores (varios de ellos miembros del comité de empresa), la doctora Alfajeme y la experta en valoración de daños Paloma Fuentesy el jefe de calidad de Uralita como testigo de la empresa. Ayer concluyeron las declaraciones pero el juicio no quedó visto para sentencia ya que la sesión se extendió y el juez dictaminó que las partes presentes sus conclusiones por escrito en el plazo de tres días. En un comunicado, Uralita insistió en que “fue de las primeras empresas que, adelantándose a la legislación, adoptó voluntariamente diversas medidas de prevención” desde 1977, antes de que la ley española y la OITdictaminaran qué precauciones había que adoptar ante la exposición al amianto. Puso en marcha “un laboratorio de recuento de fibras”y creó una comisión para hacer un seguimiento a estas afecciones. Uralita recuerda que “hoy está reconocido con los conocimientos del presente que el amianto es una sustancia nociva. Sin embargo, hace 40 años se desconocían sus efectos y era un material legalmente utilizado por numerosos sectores tanto en España como en el resto del mundo”. No obstante, la abogada de Avida sostiene que aunque Uralita hubiera cumplido escrupulosamente la ley de entonces, que según la letrada no lo hizo, existe jurisprudencia que dice que una empresa debe ir más allá de cumplir la ley en la vigilancia de la salud de sus trabajadores. No obstante, García añade que Uralita fue “negligente” porque incumplió varias normas de limpieza “por ejemplo barrían en seco cuando debía ser húmeda o hasta los 80 no se dejaba allí la ropa de trabajo y luego no era obligatorio;desde 1961 se exigía hacer mediciones ambientales y “empezaron a hacerlas en 1978” o una ley de 1957 prohibía que mujeres y niños trabajaran con amianto y “entre los 26 demandantes hay dos mujeres que estuvieron de 1955 a 1958”. Por ello reclaman indemnizaciones para cada afectado –cinco de ellos ya han muerto– que van de 30.000 a 325.000 euros según su estado.

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