Autobús de la línea M-142B, que a partir del lunes cambiará su horario. / Javier Cuesta
El presidente de la Diputación de Sevilla y del PSOE sevillano, Fernando Rodríguez Villalobos, ante la necesaria adaptación del Consorcio Metropolitano de Transportes a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, defiende que aunque dicha regulación "encomienda más responsabilidad a la Junta de Andalucía", dueña actualmente del 45 por ciento del capital social de la institución, los municipios consorciados, que hasta ahora participan en un 50 por ciento, "deben estar también presentes en su parte alícuota" o proporcional.
En una entrevista con Europa Press, Fernando Rodríguez Villalobos ha tratado la situación que atraviesa el Consorcio Metropolitano de Transportes de Sevilla, participado por la Junta de Andalucía, la Diputación provincial y 45 municipios, ante su obligada adaptación a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la conocida como reforma local.
Y es que la reforma local, según un informe jurídico, determina "la necesaria adscripción del Consorcio a una de las Administraciones Públicas intervinientes, modificando con ello su régimen jurídico, de presupuestación, contabilidad, control y de personal".
NUEVO MODELO La propuesta de nuevos estatutos, recogida por Europa Press, estipula sobre todo "las aportaciones anuales de las administraciones consorciadas a los presupuestos del Consorcio", donde "la financiación que sea necesaria de los gastos e inversiones, asociados a cada servicio de transporte que se produzca, serán aportados en exclusiva por la Administración Pública que ha cedido las competencias de cada servicio de transporte, salvo actuaciones de mejoras de servicio, intensificación de servicios, nuevos servicios y/o infraestructuras que se acuerden mediante convenio interadministrativo". Los gastos e inversiones citados en primer lugar, así, corresponderían a la Junta de Andalucía como titular originario de la competencia del transporte interurbano.
La idea, de momento, es prorrogar durante 2015 y 2016 el reparto de participación económica en el consorcio, con un 45 por ciento por parte de la Junta, un 50 por ciento de los municipios y un cinco por ciento de la Diputación, para que en 2017 la Administración autonómica asuma la inmensa mayoría de la financiación.
EL PAPEL DE LOS AYUNTAMIENTOS Dado el caso, que ha despertado no pocas voces y numerosas reuniones entre los actores, Rodríguez Villalobos ha recordado que "es obligación de las administraciones implicadas dar servicio de transporte a sus ciudadanos", toda vez que aunque la nueva legislación de la administración local "encomienda más responsabilidad a la Junta de Andalucía" en el nuevo modelo de la institución, los municipios consorciados "deben estar también presentes en su parte alícuota" o proporcional. "No se puede hacer partidismo con la movilidad, como hace el PP en el Consorcio de Transportes, abandonándolo a caída libre", ha manifestado por último.
