Los jueces españoles y los principales partidos de la oposición exigen al Gobierno explicaciones sobre las últimas filtraciones de Wikileaks, que apuntan a que ministros españoles "trabajaron" para que no prosperasen las órdenes de detención internacional contra los tres soldados involucrados en el asesinato del cámara de televisión José Couso en Bagdad, según asegura el ex embajador de EEUU en Madrid Eduardo Aguirre en un telegrama confidencial.
Aunque las principales asociaciones de jueces recibieron "con prudencia" las informaciones filtradas por Wikileaks sí reclamaron abrir una investigación para aclarar si estos procesos podrían haberse visto "viciados" por injerencias externas. En declaraciones a Europa Press, el secretario general de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), José Antonio Ballestero, exigió que este asunto "se aclare debidamente" para confirmar si el Ministerio Público actuó "correctamente" ajustándose a la legalidad. Igualmente, desde la asociación Francisco de Vitoria, su portavoz Marcelino Sexmero enfatizó que la información filtrada no revela cuál fue el resultado y la actuación de los fiscales ante tales presiones. "Son notas meramente informativas e internas que no dicen lo que pasó después. Sin saber el resultado no se pueden valorar las consecuencias", añadió.
Desde las filas de la oposición, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, aseguró que los cables norteamericanos evidencian "una doble moral" del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que, a su juicio, "debe responder" sobre lo que se está publicando. Así, González Pons manifestó que estas informaciones "dan una sensación de hipocresía muy dramática" y dijo que, aunque no aparezcan "cosas delictivas", hay personas que "quedan muy mal", como el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, o miembros del Gobierno, ya que, por un lado se "anima" a la familia de Couso y, por otro lado, el fiscal "pone palos en las ruedas a las gestiones" de la familia.
Quién también exigió una aclaración al Gobierno fue el portavoz de Izquierda Unida en la Cámara Baja, Gaspar Llamazares, quien reclamó además las dimisiones del Fiscal General y del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.
Por su parte, el portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, también exigió al Gobierno central "explicaciones a fondo" en relación con las informaciones filtradas por Wikileaks y exigió la dimisión de los supuestos colaboradores.
Desde la parte más afectada -la familia de Couso- , su hermano Javier consideró que las nuevas revelaciones confirman la existencia de indicios de delitos graves, incluso de encubrimiento. No obstante, Couso, que acusa al Gobierno de conspirar y de mentir a su familia, confirmó a Efe que sus abogados todavía están analizando el contenido de las filtraciones para decidir si emprenden acciones legales y en qué sentido.
defensa del ejecutivo. Aunque los principales ministros del Ejecutivo optaron por no pronunciarse ayer sobre este tema, sí lo hizo la secretaria de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano, quien se mostró convencida de la aplicación estricta del Estado de derecho y de la independencia judicial, frente a las supuestas presiones a jueces y fiscales por EEUU. Valenciano consideró que el funcionamiento de la Justicia española ha sido "estrictamente el del Estado de derecho" y la plena independencia del poder Judicial.
Por su parte, Cándido Conde-Pumpido negó que el Ministerio Público haya asesorado a EEUU para impedir el procesamiento de militares de este país en causas en las causas judiciales abiertas en España, e insistió que los jueces y fiscales españoles actúan con "absoluta independencia".
