El alcalde de Sevila y presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, defendió ayer al alcalde de Tomares y secretario general del partido, José Luis Sanz, asegurando que la por posibles delitos de malversación y prevaricación no mermará la posición de Sanz como candidato del PP a las próximas elecciones autonómicas. Zoido descartó que en la Junta Directiva Regional ordinaria que se celebra el viernes se vaya a producir una convocatoria extraordinaria de congreso para decidir el candidato a presidir la Junta y su sucesor en la presidencia regional del partido, así como defendió la "limpia" trayectoria de Sanz. Así, el hasta ahora líder del PP andaluz insistió en que esta investigación judicial no retrasará el calendario del partido, que "es el que es y no habrá ningún tipo de retraso, dijo. Además, lamentó que se intente "manchar" la imagen de Sanz. Tanto él como yo tenemos tolerancia cero con la corrupción, sentenció en la presentación del balance de Tussam de 2013.
Es más, el alcalde intentó defender que los casos de Tomares y de Sevilla son muy distintos, aunque en ambos hay una investigación judicial abierta con registros de sedes municipales incluidas, así como imputados de ambos gobiernos. Su argumento: Porque el primer caso (el de Tomares) parte de una denuncia de la oposición y el otro por un asunto que viene de antiguo", por lo que "han tenido respuestas distintas". Lo cierto es que la Policía Judicial ha requisado dos ordenadores del Ayuntamiento de Tomares tras la denuncia penal por posibles delitos de malversación y prevaricación interpuesta por la Fiscalía (después de que IU y PA llevaran su denuncia ante ésta) y que se ha saldado con tres imputaciones, entre ellas la del concejal de Presidencia del Consistorio, Eloy Carmona, mientras que en la operación Madeja la Guardia Civil investiga si el exdirector del área de Vía Pública el socialista Domingo Enrique Castaño pudo recibir dádivas por concesión de contratos, un caso por el que Zoido destituyó a su director del Área de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Joaquín Peña, antes incluso de conocerse su imputación.
"No sé qué consecuencias tendrá para Peña, pero tomé esa decisión porque tenía que hacerlo", sentenció, apostillando que en Tomares es la oposición la que denunció ante la Fiscalía y ésta la llevó al juzgado, mientras que en el caso de la operación Madeja es la Guardia Civil la que ha ido de muto propio y a Peña sí le imputaron unos delitos".
