-
Muelle de Arguineguín. / EFE
Cada año llegan a España miles de inmigrantes desde distintos puntos del mundo. La gran mayoría desde Sudamérica y África subsahariana. Lo hacen de forma ilegal. Lo hacen jugándose la vida, muchos de ellos, al navegar en condiciones infames a bordo de pateras de todo tipo; o saltando vallas. No es esto algo nuevo para España y, por ello, resulta sorprendente lo que está sucediendo en el muelle de Arguineguín.
Es indignante que más de dos mil personas se encuentren hacinadas en el muelle de una localidad en la que no viven tantas personas durante el año. Es indignante que el Ministerio de Interior no tome decisiones al respecto y que obligue a policías y voluntarios de las diferentes ONG’s a tomar decisiones por su cuenta que no dejan de ser un parche en medio de una crisis de enormes dimensiones y consecuencias desconocidas.
No pueden producirse estas avalanchas sin que España dé una respuesta humanitaria a la altura de las circunstancias. Ni es la primera vez que sucede algo parecido, ni será la última. Son situaciones que no se puede permitir un país moderno, empático con los problemas de otros pueblos y solidario con los más desprotegidos.
En el Ministerio de Interior no se está haciendo gran cosa ni se está haciendo bien; ni el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones parece estar preparado para afrontar el problema; ni el Ministerio de Asuntos Exteriores está sabiendo negociar en el país de origen unas condiciones que dificulten la llegada masiva de inmigrantes a las Islas Canarias, Ceuta, Mellilla o distintos puntos de la costa española.
Arguineguín ya se ha convertido en un hito que representa la falta de solidez en la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. Es necesario recordar que la estancia de los inmigrantes bajo custodia policial en tierra firme no puede exceder de los tres días. Se sobrepasa sin control. Es necesario recordar que cualquier país está obligado a facilitar unas condiciones saludables a los inmigrantes y en este caso se hacinan en un muelle sin ningún tipo de estructura que soporte algo así. Es todo un desastre.
Durante 2020, han llegado a Canarias 16.750 personas de forma ilegal. Son muchos meses en los que se ha repetido una situación que, finalmente, se ha hecho insostenible. Ahora, se plantea levantar un campamento militar para que la situación sea más llevadera. Es posible que sea una buena solución, pero ya debería estar en marcha desde hace meses.
Tal vez estemos pagando la factura que generan movimientos políticos que quieren parecer actos solidarios. El efecto llamada existe.
Coordinación entre ministerios y una política clara que trate de afrontar el problema de las migraciones, son esenciales de forma urgente.