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Fotografía cortesía de la CAM.
Un Gobierno que no es capaz de ofrecer datos precisos sobre un asunto tan serio como es esta pandemia que padecemos, es un problema para el país. Porque desde que el SARS-CoV-2 apareció dejando tras de sí un reguero de muerte y dolor, el Gobierno de Sánchez ha manejado datos sobre la mortalidad que el coronavirus ha provocado que difieren de los que aportan las Comunidades Autónomas (principalmente, Madrid, Cataluña y Castilla y León), el Instituto de Salud Carlos III o el Instituto Nacional de Estadística.
El criterio para el Ministerio de Sanidad es que el fallecido tuviera una PCR positiva en Covid-19. El criterio de las Comunidades Autónomas es incluir los sospechosos o los que el médico forense señale como muerte a causa de la Covid-19 sin PCR previa. Esto se traduce en una diferencia de 20.450 personas. Mientras el Ministerio de Sanidad contabiliza 76.625 fallecimientos las Comunidades Autónomas declaran 97.075. Sea como sea, es escandaloso que en pleno siglo XXI en un país como España no se pueda o, lo que es peor, no se quiera, contar los muertos que deja la mayor catástrofe sanitaria de los últimos cien años.
Los políticos deben hacer política. Es su trabajo. Lo que no pueden es hacerlo utilizando cualquier elemento. No caben tácticas ni estrategias ante la muerte de los compatriotas, no cabe un éxito que se soporte sobre una mentira tan grosera e inexcusable.
Pedro Sánchez y sus ministros deberían comenzar a pensar en que los españoles son personas primero y luego votantes. Y que todo tiene un límite.