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Isabel Celaá. / EFE
En el punto 18.1 del «Borrador de conclusiones del grupo de trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados» acordado entre PSOE y Unidas Podemos, en la parte de propuestas de resolución, se puede leer: «Incremento de los recursos púbicos dedicados a la educación y las becas. Fortalecer la educación pública como columna vertebral de nuestro sistema educativo incrementando la inversión de forma coordinada con las comunidades autónomas en el marco de la Conferencia Sectorial. La totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa». Es decir, la educación concertada queda excluida de las ayudas Covid. Este es un golpe durísimo a ese sector de la educación española y puede suponer la desaparición de esa opción en algunas Comunidades Autónomas. Es así de sencillo el resumen; de los 2.000 millones destinados a la educación en esta etapa de reconstrucción, ni un euro irá destinado a la enseñanza concertada.
La desigualdad que se genera con esta medida es evidente y no puede olvidarse que uno de cada cuatro niños estudia en colegios concertados. Dicho de otra forma, los padres tendrán menos posibilidades de elección si los colegios concertados llegan a tener problemas serios que les haga desaparecer. Por ejemplo, el bajísimo índice de natalidad puede provocar junto a la falta de ayudas el cierre de colegios en lugares determinados.
Existe una idea bastante perniciosa que separa la educación pública y la concertada como si no fueran la misma cosa. Cambia el ideario de un colegio, cambia el tipo de instalaciones, pero no cambia lo esencial que consiste en que el los fondos que reciben los colegios proceden del Estado español a través de las Comunidades Autónomas. Los acuerdos de los distintos Gobiernos convierten el panorama educativo en un espacio diverso y en el que cabe todo tipo de alumno. Eso es lo que se debe proteger y no castigar dejando sin ayudas a una de las partes.