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Isabel Celaá. / EFE
La polémica está servida y el debate se abre, una vez más, en el territorio de la educación que, como ya es costumbre en España, se politiza y se intenta convertir en cosa propia del partido político que gobierna. Este es un mal que España arrastra desde que comenzó el periodo democrático que vivimos en la actualidad y que se ha convertido en un problema crónico de efectos nocivos.
Esta vez, el problema es el conocido como pin parental que no es más que una una forma de dejar en manos de los padres y madres de los alumnos la autorización de la asistencia de sus hijos a las actividades que se celebren en los centros escolares y, muy en concreto, las que se vinculen con la identidad de género y LGTBI. De momento, las Autonomías que están involucradas, de forma clara, en este asunto son Murcia (en la que ya está funcionando desde septiembre), Madrid y Andalucía (en formas menos avanzadas en el diseño del modelo). La influencia de Vox en las tres comunidades autónomas es claro y su posición de poder, al tener en su mano los votos necesarios para aprobar presupuestos comienza a ser un arma, políticamente, letal.
Mientras, Vox y PP defienden la opción de ese pin parental y C’s se intenta desmarcar sin conseguirlo al ceder, por ejemplo, ante las presiones de Vox en Murcia, el PSOE se opone frontalmente al pin parental. El Gobierno central ha dejado claro que se opone a esta medida ya que «los alumnos tienen la obligación de asistir a las actividades complementarias programadas por los centros educativos, que además son evaluables». Y, por ello, anuncian las acciones legales que sean necesarias para evitar que el pin parental siga funcionando o se imponga en diferentes lugares de España.
No se puede olvidar que el derecho de los niños a ser educados está por encima de la moral o de las creencias o convicciones de padres y madres. También que el Tribunal Supremo no permitió la objeción de conciencia a padres y madres respecto a la asignatura ‘Educación para la Ciudadanía’. Y es que la Ley de Educación dice con total claridad que los profesores están vinculados y son responsables de «la promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros» y que, por otro lado, «son deberes básicos de los alumnos participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y complementarias».
Se tiene que llegar a un acuerdo integral y que ocupe todo el ámbito de la comunidad educativa para que no se pueda convertir en un circo político como ocurre una y otra vez.
El derecho a la educación y las libertades individuales y colectivas deben quedar al margen de intereses partidistas y electoralistas. Y convendría que antes de judicializar el asunto, la clase política entendiese que son necesarias soluciones desde el diálogo para un problema como este, por el bien del país puesto que depende de su futuro y, por tanto, de cómo sus jóvenes progresen y sean educados en la igualdad entre las personas y en la libertad de pensamiento.