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Salvador Illa. / EFE
Las medidas que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha querido tomar aparándose en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, no se ajustan a derecho. Si bien es cierto que solo afectaban a Madrid capital y varios municipios de esa Comunidad Autónoma, a Palencia y León; podría ser que, pasado un tiempo, hubieran afectado a capitales de provincia andaluzas o municipios con gran población de toda la Comunidad Autónoma. El conflicto político en el que se ha convertido la gestión de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 vuelve a convertirse en una chapuza más, en una pelea de gallos políticos que no tiene sentido alguno y escandaliza a los ciudadanos.
La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dicta que los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos se ven afectados y que las medidas deben quedar sin efecto. Y todo esto está muy bien, pero la pregunta es si no hay nadie en el Ministerio de Salud capaz de poner un punto de cordura en todo este jaleo que resulta bochornoso para los españoles.
Sea como sea, los españoles estamos expuestos a una enfermedad letal para muchos y lo hacemos mientras estamos en manos de políticos incompetentes que solo buscan lograr réditos políticos por lo que sucede. Es alarmante la situación que se está viviendo en todo el país.
Sin duda hay que acatar lo que dice el TSJM, pero las consecuencias pueden ser nefastas. A las puertas de un puente, serán miles de personas las que viajarán por toda España, incluidos ciudadanos que viven en zonas con tasas de contagios más que preocupantes, provocando contagios en lugares en los que, ahora, la pandemia está controlada. Por tanto, estamos ante otra chapuza de enorme envergadura que puede costar la vida de algunas personas.
Sin duda, los políticos españoles son la cara de la negligencia, del despropósito y la ineficacia. Y la cruz de sí mismos. Peor gestión es imposible.