Ya son muchos los Gobiernos de la nación que han evitado afrontar una reforma del sistema público de pensiones. No cabe la más mínima duda de que se trata de una tarea correosa y difícil, que no serán populares las medidas que se tomen, pero es preciso que se incluya, en las agendas correspondientes, esa reforma que tanta angustia genera a los pensionistas y, sobre todo, a los que lo serán a corto y medio plazo.
El déficit que el sistema arrastra ronda los 20.000 millones de euros y, aunque puede soportarse, es necesaria una solución porque el futuro es muy incierto y lo que se puede asumir hoy se puede convertir en algo imposible mañana. Por otra parte, hay que conseguir que las revalorizaciones de las pensiones formen parte del hacer habitual. Cada año se abre un debate sobre algo que ha de estar normalizado porque los pensionistas necesitan mantener intacta su forma de vida.
Según ha querido escenificar en el marco del Pacto de Toledo el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, José Luis Escrivá, la situación permite afirmar que el sistema nacional de pensiones no corre peligro, que es viable. Desde luego esto es algo que debemos celebrar. Pero, ahora, es necesario acometer una reforma muy necesaria.
El ministro Escrivá señala que la edad de jubilación y un control mucho más severo de las jubilaciones anticipadas, serán claves en la reforma. Y tiene razón; serán tan importantes como impopulares.
Por otra parte, el traslado a los Presupuestos Generales del Estado de los gastos impropios (gastos de funcionamiento, reducciones de cotización o subvenciones a regímenes especiales), reduciría el déficit en un 40 por ciento.
Urge una reforma, sea popular o no lo sea. El futuro de los españoles y el bien común, está muy por encima de los intereses de los partidos políticos o de los propios Gobiernos de España.