La privatización del agua: una historia de poder y lobbys contra la ONU
Un informe de la ONU sobre los riesgos de la privatización del agua pone en pie de guerra a las multinacionales privadas que han mercantilizado este recurso esencial. Los lobbys han declarado la guerra del agua a los relatores de la ONU sobre el agua por defender que es un derecho humano.
El pasado 21 de octubre, Leo Heller, aún siendo Relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento presentó a la Asamblea General de Naciones Unidas su informe sobre los derechos humanos y la privatización de los servicios de agua y saneamiento, en el señala sin ambigüedades que la mercantilización del agua supone un gran riesgo al derecho humano del agua y saneamiento.
En el informe pone en evidencia que la gestión privada presenta riesgos relevantes para el disfrute de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento por tres razones; la maximización de los beneficios, el monopolio natural de los servicios y los desequilibrios de poder.
El primer factor de riesgo, según el informe de Heller, es la consecución del máximo beneficio. El imperativo de que los proveedores privados obtengan el máximo beneficio posible puede socavar la obligación de los Estados de proporcionar servicios de agua y saneamiento a precios asequibles para todos, explica el que fuera relator de la ONU hasta el reciente nombramiento del español Pedro Arrojo, que ha anunciado que seguirá sus pasos.
El agua es un monopolio, asegura tajantemente el informe. En este sentido, señala que como las posibilidades de competencia en el sector del agua y el saneamiento son limitadas, los municipios, que suelen ser los responsables legales de los servicios, están más expuestos al “riesgo de captura” por parte de los proveedores.
El tercer factor tiene relación con el poder, más concretamente señala que los desequilibrios de poder entre los proveedores privados y las autoridades públicas son comunes y pueden dar lugar a “preocupaciones en materia de derechos humanos".
Estos riesgos de la privatización se concretan, según el informe, en la distribución de los excedentes de ingresos entre las partes interesadas, como los beneficios y dividendos, y con su consecuente impacto en las inversiones; en la preocupación sobre la accesibilidad, para los grupos más vulnerables de la sociedad; en la falta de mejoras o deterioro de los servicios; en importantes retos en lo que se refiere a la sostenibilidad, debido a la duración limitada de los contratos; en el acceso a la información, participación y responsabilidad. En definitiva, se pone en peligro los principios de no discriminación y universalidad.
El poder no solo ha sido un centro de análisis del trabajo, sino que incluso han intentado condicionar la presentación del informe. La asociación mundial de operadores privados de agua (Aquafed) preparó un fuerte ataque contra la persona del Relator Especial de la ONU sobre los derechos al agua y al saneamiento y contra su informe sobre los riesgos de la privatización y los derechos humanos días antes de su presentación. El lobby privado mandó mensajes a las misiones de los gobiernos de la ONU en Nueva York; a la presidenta del Consejo de Derechos Humanos y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que se pronunciaran en contra del informe cuando se presentara. Esta presión sólo sirvió para que la iniciativa haya tenido más eco social y ha provocado una defensa por parte de la sociedad civil de todo el mundo de la figura del relator.
El informe ha llegado en plena oleada de la pandemia por COVID-19, donde se ha evidenciado que el agua es una auténtica “pre-vacuna”, ya que permite a los hogares guardar las medidas higiénicas necesarias para controlar la expansión de la pandemia y evidencia, tal como señala Luis Babiano, gerente de los Operadores Públicos de Agua (AEOPAS), que recalca que es necesario repensar el modelo de gestión del agua ya que “el elefante en la habitación se llama cambio climático”. El coronavirus, como han señalado muchos expertos como el sociólogo Jeremy Rifkin, “tiene una relación directa con las pandemias y debemos sacar lecciones aprendidas para que nuevas pandemias no no nos cojan por sorpresa”. Por ello, señala el gerente de AEOPAS, “necesitamos urgentemente un plan de gestión del agua, un plan que posibilite la inversión y que no deje a nadie atrás. Babiano recalca que “ha llegado el momento de decirlo alto y claro: la mercantilización de la salud y del agua, el saneamiento y otros bienes y servicios relacionados con los derechos humanos excluirá a muchas personas y por ello es necesario, más que nunca, defender lo público”.