Treinta de los 35 jueces que forman parte de la Sala Tercera del Tribunal Supremo empiezan hoy su deliveración sobre la controvertida asignatura Educación para la Ciudadanía. Los magistrados se reunirán en una sala a puerta cerrada para discutir en torno a cuatro recursos que han llegado desde Andalucía y Asturias, donde los tribunales regionales han fallado en contra y a favor de la objeción de conciencia a una materia obligatoria. Para ello, han aportado sendos argumentos que se contradicen entre sí, creando un problema de jurisprudencia que deben resolver hoy esos 30 jueces.
Cuando se abra la puerta, el Supremo habrá llegado a una de estas dos conclusiones: que EpC es una asignatura ideologizante, que la administración se ha extralimitado en su faceta de garantizar la educación de los niños y ha invadido el terreno de la moral, que corresponde a sus familias, y por todo ello, es legal objetar a esta materia, aunque sea obligatoria. De hacerlo así, habrá respondido punto por punto al fallo que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
En cambio, puede que el Supremo niegue a los padres el derecho a objetar a EpC, alegando que la asignatura, per se, no tiene contenidos que puedan adoctrinar a un niño, que esa posibilidad, en todo caso, está en manos del profesor que imparte la materia -ésta y cualquier otra- y del colegio en el que está escolarizado el niño. Y entonces habrá dado la razón a los jueces del TSJ de Asturias.
El trabajo del Supremo consiste en unificar la doctrina en torno a EpC, para evitar que la asignatura sea ilegal en unas comunidades y legal en otras, para evitar que se pueda objetar en Madrid y Andalucía, pero no en Asturias ni en Cataluña. De todas formas, cualquiera de las dos resoluciones posibles del Supremo será recurrida por la parte afectada.
Los padres ya han anunciado que si el Supremo obliga a sus hijos a volver a clases de Ciudadanía, recurrirán ante el Constitucional, que es la última instancia judicial a la que pueden acudir en España, y que podría volver a dar la vuelta a la decisión que hoy tomen los 30 magistrados. Y si todavía siguien perdiendo, recurrirán al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que es la instancia judicial definitiva a la que pedir ayuda, pero en este caso, falle o no a favor de las familias, su decisión no es vinculante. Así que los chavales tendrían que ir de todas maneras a clase de EpC.
El TSJ andaluz fue el primer tribunal de España que admitió el derecho de unos padres a que su hijo objetase a Ciudadanía, y con ello abría la puerta a que cualquier alumno pudiera faltar a una clase obligatoria si consideraba que vulneraba su libertad de conciencia. Un fallo en contra de EpC no se limitará sólo a arreglar el desencuentro entre el Gobierno y los sectores más conservadores de la sociedad, afines a la Iglesia. Podría dinamitar el sistema educativo desde abajo, permitiendo a los jueces resolver a golpe de sentencia lo que los políticos de todo signo y color no han logrado consensuar a través del tan cacareado Pacto de Estado sobre la Educación, que todos reclaman y nunca llega.
La Consejería de Educación andaluza contabilizaba 468 objetores en la comunidad hasta septiembre del año pasado, la última fecha de la que ofrecen datos. Los padres objetores, el Foro de la Familia, la organización Profesionales por la Ética cuentan más de 3.000 objetores. EpC es una materia que se imparte una hora a la semana en el penúltimo curso de Primaria y el tercero de ESO. Habla sobre política, humanismo, ideologías, igualdad de género, historia y diferencias sociales. Lo que pase hoy será una lección más.
