Estudiantes en un aula. Foto: El Correo
Son las dos de la tarde pasadas y el Paraninfo empieza a llenarse de estudiantes. Vienen con el bocadillo, las latas de refresco y algunos incluso con panchitos. Han sido convocados por el rector de la Olavide. Hay un mensaje importante que quiere transmitirles: «Mientras sea rector defenderé lo mejor para la universidad pública y me opondré a aquello que perjudique a vuestros bolsillos y a vuestra formación». Es la arenga final de Vicente Guzmán ante un auditorio de casi 100 estudiantes que han acudido al Paraninfo para conocer de primera mano los efectos que tendrá en sus carreras el Real Decreto 43/2015 por el que se modifica la duración de los grados.
La principal preocupación de los estudiantes es si el modelo, nuevamente impuesto por el ministerio de Wert (tres años de grado y dos de máster frente a los cuatro más uno actual), va a afectar a las titulaciones que ellos están cursando ya. «En principio, no». Es la única respuesta contundente que acierta a dar el rector a los estudiantes durante la hora y media de asamblea. Sobre qué va a pasar tras la aprobación de este Real Decreto son muchos los interrogantes y, por el momento, pocas las conclusiones oficiales. «No puedo explicároslo ni a vosotros ni a vuestras familias. Las cosas no se hacen así. Estas no son maneras», reconoce el rector.
Vicente Guzmán tiene, no obstante, como el resto de los rectores españoles, intuiciones, algunas de ellas incontestables porque así aparecen recogidas en la documentación que el ministerio ha barajado para diseñar este modelo sobre qué repercusión tendrá esta reforma. La primera de esas intuiciones es que el argumento de que se modifica la estructura de los estudios para «converger con Europa» es «una tapadera». «No se puede converger con Europa si no se converge con la universidad de al lado. La estructura de los estudios tiene que ser igual en todo el territorio español», concluye Guzmán. El Gobierno ha dejado en manos de las universidades la decisión de poner o no los grados en modo 3+2 con la intención de «echarnos a pelear y así debilitar el sistema público». Ante esta situación, la inmensa mayoría de las universidades aprobaron en el seno de la Conferencia de Rectores (CRUE) una moratoria de dos años. El 3+2 no se implantaría, en caso de que así lo decidiese cada Rectorado, hasta el curso 2017/2018. Pero en el seno de la CRUE no hay unanimidad. Hay una pequeña grieta -seis universidades votaron en contra o se abstuvieron sobre la moratoria- que los rectores temen que se convierta en una falla. Hay riesgo real de que una universidad dé el pistoletazo de salida y empiece una carrera desaforada por ver quién pone antes el 3+2. Vicente Guzmán hace su apuesta delante de su comunidad estudiantil: "En 2015 habrá universidades privadas que aprueben grados de tres años".
El propio acuerdo de moratoria de la CRUE así lo recoge, que puede haber excepciones; y para septiembre de 2016, las universidades catalanas ya han acordado que ofertarán esos grados de tres años. Lo decidieron el lunes pasado. En 2017/2018 no sé qué pasará».
Los rectores han anunciado que en estos dos años de impasse se hará una evaluación exhaustiva del modelo del Plan Bolonia para ver si ha cumplido con su objetivo principal que no era más que conseguir la empleabilidad de los estudiantes. En este punto, el rector Vicente Guzmán recordó a los estudiantes que las universidades no están ni estuvieron hace algo más de cuatro años en contra de la estructura del 3+2. «No nos hemos posicionado en contra del 3+2, sino en contra del 3+2 que nos proponen». ¿Dónde radica la diferencia? ¿Qué es entonces lo que no convence a los rectores? Pues que tras esta reforma de los estudios vendida como un mejora de la calidad y de las competencias de los estudiantes lo que se esconde es un recorte y un hachazo a las familias de los universitarios. «Sea cual sea el sistema de financiación, este 3+2 rompe el principio de igualdad», reconoce el rector de la Olavide. Un curso de grado cuesta 800 euros de media frente a los 1.700 de los máster habilitantes (aquellos que te acreditan para ejercer, caso del antiguo CAP) o los 2.500 euros de mínima en el caso de cualquier otro tipo de máster. Esto significa que, cuando se ponga en marcha el 3+2 aprobado por el Gobierno, los estudiantes pagarán 1.700 euros por una formación idéntica a la que están recibiendo ahora a 800 euros. Y esto en el caso de Andalucía, porque en Madrid y Barcelona el precio del máster supera los 4.000 euros de media... La Junta ha acordado con los campus andaluces no aplicar la reforma, pero los rectores piden un paso más: equiparar los precios de los máster a los grados.
La reforma de Wert se ha diseñado teniendo como guía un documento presentado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se dice que un modelo de estudios de tres años de grado y dos de master supondrá un «ahorro constante» en capítulo 1 que, para los poco o nada duchos en lenguaje económico, recoge las partidas destinadas a gastos de personal. «Si produce un ahorro en capítulo 1 es porque se prescinde de profesores y personal de administración y servicios. No estoy valorando, esto está escrito», apostilla Guzmán. Ítem más: «La financiación universitaria debe vincularse a la recaudación por tasas». El deseo pues del Gobierno es ir reduciendo su aportación a la enseñanza superior y que sean las familias las que incrementen la suya. En estos momentos, los estudiantes abonan un 15 por ciento del coste de sus estudios. El resto sale de las arcas públicas alimentadas vía impuestos. ¿Salida? Los préstamos a las familias, como ocurre en EEUU (por cierto, con un resultado catastrófico, tal y como ha reconocido la administración Obama, ya que hay familias en la quiebra al no poder pagar estos créditos?).
Los estudiantes escuchan el relato del rector y la pregunta es obligada: «¿Qué podemos hacer?». Guzmán expresa su decepción por el hecho de que la CRUE, además de un posicionamiento «técnico» como la moratoria, no se manifestara políticamente. «La Olavide sí lo ha hecho», recalca en alusión a la declaración institucional de su Consejo de Gobierno. «Tenemos que parar cuanto antes el 3+2. Por ahora nuestra tarea debe seguir siendo negociar, pero cuando no dejan otra salida, las protestas, la manifestación y la huelga son legítimas.Cuanto más tardemos en revertir esto, peor lo tendremos. En cinco años, la universidad pública estará muy debilitada. Desde el punto de vista legal lo único que podemos esperar es que un partido diga que esta reforma es una chorrada y la derogue. Todavía no he escuchado a ninguno hacerlo».
Se levanta la sesión.
