Dentro de una semana, una vez que han pasado los exámenes de Selectividad, los estudiantes andaluces tendrán que matricularse en la Universidad, pero aún no saben cuánto les costará . La Junta y los diez rectores andaluces llevan días discutiéndolo, pero no terminan de ponerse de acuerdo. Hace unos días los estudiantes escucharon al secretario general de Universidades, Francisco Trigueros, anunciar que Andalucía adaptará las tasas a la subida del IPC y se quedará en el mínimo de la horquilla que ha fijado el Gobierno en el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la racionalización del sistema educativo . O sea que los universitarios andaluces pagarán el 15% del coste real de sus estudios. ¿Pero eso es el 15% de cuánto?
Las universidades andaluzas no saben cuál es el coste medio de una carrera. El Ministerio de Educación pretendía fijar el precio del crédito para todo el país, y mientras no se supiera ese dato, el cálculo de lo que costaría una carrera podía variar en cada comunidad, en cada universidad y en cada facultad. Ninguna institución ha fijado nunca una media, y sólo el Ministerio de Educación baraja unas estimaciones aproximadas: entre 5.000 y 7.000 euros el coste medio de una carrera. En la última reunión con las comunidades, el ministro José Ignacio Wert prometió que llevaría consigo un informe con la media ponderada del precio del crédito universitario. Lo calcularía cruzando datos de todas las universidades. Algunos rectores, sobre todo de Andalucía y Extremadura, pusieron en duda que ese número sirviera de referencia para todos. "No es lo mismo el coste de una carrera en Navarra que en Sevilla, y no es lo mismo el coste de una Ingeniería que tarda diez años en terminarse que de un grado de Humanidades", dicen. Y, sin embargo, este análisis tampoco es extensible a todas las universidades, porque algunas no distinguen entre las tarifas de las ciencias experimentales y las de las sociales.
¿Cómo se calcula entonces el coste medio de una carrera? Wert ya ha flexibilizado el decreto, dejando a las comunidades libertad para calcular el precio público de sus universidades, pero ¿cuál es la fórmula más eficiente? ¿Y cuál es la más justa para los alumnos? Antes de que el Gobierno andaluz anuncie la subida de las tasas, las diez universidades andaluzas han empezado a calcular su propia media para tener una cifra orientativa con la que poder negociar. Pero el resultado de esa media será igualmente subjetivo, advierten. Hace unos años, la Conferencia de Rectores en Andalucía planteó como objetivo común introducir el concepto de "contabilidad analítica", esto es, que cada universidad supiera cuánto le cuesta aproximadamente su matrícula, cruzando el precio de los estudios con el tiempo que tardan en licenciarse. Esa base de datos tendría que haber estado lista en 2013, pero ni siquiera se ha empezado a diseñar.
Otro problema serio que plantea el polémico decreto es la tabla de penalizaciones para los alumnos que suspendan alguna asignatura . El coste de la segunda matrícula subirá entre un 30% y un 40%, el de la tercera entre un 65% y un 75% y el de la cuarta entre el 90% y el 100%. El decreto establece que estas subidas afectarán a todo el alumnado a partir del próximo curso. Pero la norma tiene lagunas, porque no aclara si afectará a los nuevos grados o también a los planes antiguos, no adaptados al Plan Bolonia, que aún no se han extinguido.
Los rectores andaluces han pedido que las penalizaciones empiecen a aplicarse a los estudiantes de nuevo ingreso. De lo contrario, dicen, dentro de dos semanas un estudiante de tercer curso con asignaturas pendientes que vuelva a matricularse podría encontrarse con un coste tres veces superior al que pagó el curso pasado. "La retroactividad de estas medidas tendrán un efecto perverso y contraproducente, porque muchos estudiantes decidirán no matricularse de todo, y a la larga, en vez de terminar la carrera en cuatro años, tardarán seis o siete", apunta Anabel Carrillo, presidenta del Consejo Social de la Universidad de Córdoba. Carrillo cree que los alumnos no se arriesgarán a cursar materias si saben que pueden suspenderlas y duplicar el coste de sus estudios.
Desde el Consejo Social de la Universidad de Huelva se ha pedido una "aplicación progresiva" de la norma, es decir, que la subida de tasas empiece por unas carreras y luego por otras. Pero el problema es saber cuál es el orden de prevalencia. Este es un debate que enfrentaría a unas facultades con otras, y no es probable que la Junta quiera entrar por ahí.
Según el Ministerio de Educación, en España cada universitario paga de media por una carrera el 15% de su valor . Con los cambios en la legislación que acaban de aprobar, y que tienen soliviantada a alumnos y profesores, el Gobierno busca elevar ese porcentaje hasta el 25%, permitiendo así que las comunidades dediquen menos dinero público a las universidades, en detrimento de las familias. El problema es que los porcentajes están claros, pero los números en bruto no. El precio de los estudios universitarios no es homogéneo en este país: cuesta más en Cataluña que en Andalucía o en La Rioja, y cuando se apliquen los cambios propuestos por el Gobierno, esa diferencia podría ensancharse.
Hasta ahora, Andalucía venía aplicando las tasas en función del IPC, en torno al 12% del precio público. Los recortes en el gasto universitario andaluz tienen que ahorrar 130 millones. Si la Junta mantiene su propósito de quedarse en la horquilla mínima, el precio de la matrícula subiría tres puntos porcentuales, entre 150 y 200 euros, según fuentes universitarias. Cataluña y Canarias han optado por aprovechar el máximo en la subida de tasas. La Generalitat aplicará el 25%, con lo que el importe final aumentará un 66%, en Canarias el 40% y en la Comunidad Valenciana hasta el 33%. País Vasco es la única que mantendrá el precio de sus tasas y ni siquiera subirá el mínimo. También es de las pocas que se lo puede permitir, porque tiene menos alumnos que el resto, y porque su porcentaje de aprobados es muy superior.
