No es extraño que casi todos los docentes asistidos de forma gratuita por los abogados que contrata Educación sean casos de violencia escolar. La Junta creó la normativa que regula la asistencia jurídica para proteger al profesorado de casos extremos de conflictividad, y lo hizo en un momento en el que el debate en torno a la autoridad del docente estaba mucho más caliente que ahora. Fue a finales de 2006, siendo consejera Cándida Martínez, cuando Andalucía se adelantó al resto de comunidades al aprobar un decreto que regulaba la convivencia en las aulas. Casi todas las medidas que surgieron de esa norma buscaban la conciliación entre agresores y agredidos. Se articularon mecanismos en los que el alumno tenía que ejercer de mediador en peleas, y se hacía corresponsables y partícipes a las familias para que ayudasen a la reconciliación dentro de las aulas.
Desde entonces, todos los colegios andaluces tienen un aula de convivencia, un espacio físico donde se resuelven los conflictos mediante charlas, trabajos, etc. Y desde entonces, el clima de convivencia escolar es uno de los índices con los que la consejería mide la calidad en la escuela.
La decisión de correr con los gastos para defender al profesor violentado fue un paso más. Aunque la Junta insistía en que las agresiones eran un reducto en la escuela, también reconoció que un solo conflicto de esta índole podía desestabilizar a todo un colegio, alarmar a las familias, disponer a la sociedad en contra y desmotivar al profesorado. El decreto endureció las sanciones que podía imponer el docente en casos de conflictividad grave: agresiones, vejaciones, vandalismo... Se aligeró el papeleo para que la expulsión de un alumno violento fuera inminente. Y, en una orden posterior, se decidió que la consejería cubriría los gastos de la minuta siempre que un profesor violentado quisiera llegar a juicio. "Aunque las denuncias graves sean esporádicas, queríamos que los maestros se sintieran arropados con esta medida, porque son la clave del sistema", explica Manuel Gutiérrez, director general de Profesorado.
Póliza. La póliza que Educación tiene suscrita con sus abogados externos "garantiza el pago de las tasas, costes, minutas y honorarios a los que tenga que hacer frente el asegurado por su implicación en procedimientos judiciales civiles y/o penales siempre que se trate de actos u omisiones realizados por él o en contra de él en el ejercicio de su cargo o cumpliendo órdenes".
Nueve de cada diez casos son penales y "es más habitual que el profesor denuncie al alumno y a su familia que al revés", explica Fernández. Educación ofrece cobertura legal gratuita tanto para profesores denunciantes como denunciados. El docente tiene tres opciones: aceptar la representación de uno de los abogados de la Junta; aceptar uno de los letrados de DAS, con los que Educación ha firmado un convenio, o elegir a su propio letrado "dentro de unos márgenes aceptables de precio", señala Gutiérrez.
Las denuncias. Casi todos los juicios suelen ser por faltas, no por delitos, porque la gravedad no llega a tanto. El 60% son juicios por amenazas y vejaciones, y sólo un 12% son agresiones físicas. "Como me expulses del colegio te mato..."; "Cuando salgas, te rajo el coche..."; "Si me suspendes, te acuso de pegarme...". El director del colegio realiza un informe sobre la incidencia y lo envía a la delegación provincial de Educación. Ésta decide si le ofrece asistencia jurídica al profesor.
En muchos casos, cuando el padre lleva al profesor ante los tribunales alega "irresponsabilidad o alejamiento de sus deberes". "Ocurre que las familias entienden la educación de sus hijos de forma distinta que el profesor, y lo denuncian según sus criterios y no los de la escuela", dice Fernández. El abogado de DAS pone el caso de una madre que culpó al maestro de no estar vigilando a su hijo en el patio cuando éste fue golpeado por otro niño.
Los abogados de Educación se extrañan de que las familias "den más crédito a críos de ocho años que a sus maestros". Los juicios por faltas son rápidos y los magistrados, según DAS, fallan a favor del profesor y resuelven con multas económicas a los padres, a pagar un euro al día durante no menos de tres meses. Incluso cuando un chaval golpeó a su profesor al reconocerle en una discoteca, el juez falló a su favor, porque entendió que la agresión fue a consecuencia de su trabajo.
