La consejera de Vivienda, Elena Cortés, comparece en el Parlamento.
La tragedia de los desahucios arrastra cada día a 45 familias fuera de sus domicilios en Andalucía y, en algunos casos, ha provocado el suicidio de aquellos que se quedaban sin casa por no poder hacer frente al pago de sus hipotecas. Es un asunto de urgencia nacional que ayer esquivó el tsunami monográfico del fraude de los ERE y logró colarse en el Parlamento andaluz, una Cámara sin competencia legislativa para aprobar una solución integral a este problema. El Gobierno andaluz puede buscar parches a la tragedia, por ejemplo, paralizar los desalojos en el parque público de vivienda o mediar con los bancos para que apliquen alternativas. El PP-A puede cuestionar la política de vivienda de la Junta y acusar a la consejera Elena Cortés de hacer escraches con una mano y desahucios con la otra, como dijo ayer la diputada Alicia Martínez. Pero a la postre cualquier solución estructural al problema ha de pasar obligatoriamente por una modificación de la legislación hipotecaria.
Lo que hizo ayer el Parlamento andaluz fue aprobar, con los votos de PSOE e IU y la abstención del PP, el respaldo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre los desahucios, una propuesta de reforma legal que llegó al Congreso impulsada por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, con el aval de 1,4 millones de firmas. Esa iniciativa contiene tres medidas de choque que, a juicio del Gobierno andaluz, frenarían en seco el drama: la dación en pago retroactiva (saldar la deuda hipotecaria con la entrega del inmueble al banco); una moratoria universal de los desahucios y la creación de un amplio parque de viviendas para alquiler social. PSOE-A e IU, socios de Gobierno, defienden las tres medidas, el PP-A se abstuvo. Lo que sí votaron los tres grupos por unanimidad fue una petición a la Junta para que incorpore los efectos jurídicos de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la ley hipotecaria española, que ha permitido a los jueces frenar las órdenes de desahucio si median acusaciones de que ha habido cláusulas abusivas de los bancos. Esos cambios normativos se incorporarán al proyecto de ley andaluza para la protección de los derechos de los consumidores de productos hipotecarios, una norma que ultima la Junta y que en breve será aprobada por el Consejo de Gobierno, confirmó ayer el presidente José Antonio Griñán.
Así que la votación de los grupos ayer en el Parlamento fue un reflejo de la que se producirá en el Congreso, donde hoy se presentará la propuesta refundida para la reforma de la ley hipotecaria. El PP nacional ha unificado en un solo texto el proyecto de ley que baraja el Gobierno, la Iniciativa Legislativa de la Plataforma de Afectados y las enmiendas que presenten el resto de grupos y sean aprobadas. Ese texto no incluirá la dación en pago ni las otras dos medidas esenciales. Los populares creen que hacerlo provocaría inseguridad jurídica´. Los socialistas e IU coinciden en que la iniciativa responde tanto a la voluntad social como a los requerimientos de la justicia europea en torno al déficit democrático de la legislación española. Griñán volvió a rechazar que los mismos bancos que ejecutan los desalojos sigan recibiendo ayudas públicas. El debate de ayer tuvo algo de tramposo, porque los tres grupos censuran los desahucios y difieren en la fórmula de frenarlos, pero el cruce de reproches no sirvió para enfrentar dos modelos distintos de la política de vivienda. Tampoco se atrevió ningún partido a dimensionar el origen del problema: ¿dónde empieza la responsabilidad de las familias que se endeudan en exceso y dónde la de los bancos que concedieron créditos ilimitados? La Junta sostiene que la dación en pago es la respuesta proporcional a los bancos que diseñaron verdaderos contratos de adhesión, dijo Griñán, cláusulas abusivas, a veces ininteligibles, que arrastraron a las familias. El PP-A tuvo que recordarle al PSOE que gobernaron el país durante siete años sin llegar a abordar este problema, informa Europa Press.
La consejera de Vivienda, Elena Cortés, concluyó que la sentencia del tribunal europeo avala la política de la Junta en materia de vivienda como el Plan Andaluz en Defensa de la Vivienda (que en tres meses ha servido para evitar casi mil desahucios) o la paralización de desalojos en el parque público en caso de endeudamiento sobrevenido.
La Junta, a favor y en contra del escrache Elena Cortés participaría en escraches [protesta contra políticos en la puerta de sus casas] si no fuera consejera. Y Griñán deplora los escraches. El PP-A afeó ayer a la Consejera de Vivienda que defienda los escraches con una mano y con la otra ejecute desahucios en viviendas públicas. El PP mostró expedientes de desahucios publicados en BOJA (se publican dos de media al mes) para demostrar que la Junta está desahuciando a algunas de las 43.000 familias que arriendan un piso del parque público de viviendas. Cortés dijo que la Junta está obligada por ley a abrir el expediente, pero que su departamento no ha enviado ninguno al juez, así que no se ejecutan. Cortés retó a la diputada Alicia Martínez (PP) a llevarle al Parlamento a una sola familia del parque público que haya sido desahuciada desde junio de 2012. Y si no consigue traerla, no diga más que estamos desahuciando, dijo.
