El cisma entre los socios de Gobierno, PSOE e IU, a raíz del rechazo de los últimos a la regularización de viviendas ilegales en Andalucía propuesta por la presidenta Susana Díaz se agudizó ayer por sorpresa. Fue en el terreno político donde los socialistas reprocharon con dureza a sus socios la actitud que tuvieron en el Parlamento, dándose por «sorprendidos» de una medida que dicen conocían «de primera mano y por escrito». La coalición que dirige Antonio Maíllo tildó la propuesta de «precipitada» y «electoralista», y se distanció de su socio contraponiendo la defensa del crecimiento sostenible frente al fantasma del regreso al urbanismo salvaje. En las filas del PSOE-A sentó «muy mal», y ayer se devolvió el golpe con fuerza. «¿Por qué nos preocupamos tanto de la persona que da una patada en la puerta y no de otra que vive sin luz ni agua?», se preguntó el número dos de los socialistas andaluces, Juan Cornejo, en una referencia velada a la gestión de IU de los realojos de familias de la Corrala Utopía, que supuso la mayor crisis de Gobierno y a punto estuvo de acabar con el pacto.
Pero hay que distinguir entre el mensaje institucional y el de partido, éste último marcado ya por la estrategia electoral de cara a las municipales y las autonómicas. En el plano institucional, la consejería de Vivienda (IU) y de Medio Ambiente (PSOE) han constituido una comisión para estudiar en qué casos se pueden indultar viviendas construidas en suelo no urbanizable: entre 20.000 y 25.000 casas (la mayoría en el levante almeriense y la Axarquía malagueña) de las más de 300.000 que hay en la comunidad. Esa comisión abordará la reforma de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) sólo un artículo (185) para regularizar construcciones ilegales en suelo no urbanizable parcelado (urbanizaciones o solares divididos para levantar varias casas en vez de una, normalmente de la misma familia).
La Junta insiste en que no será un «café para todos» ni una amnistía general, y subraya que quedarán excluidas las que se levantaron en suelo protegido, en zonas inundables o de riesgo e inmersas en un procedimiento judicial. Díaz defendió la medida en una entrevista en Canal Sur, y aseguró que se trata de «una cuestión de justicia social», y que le sorprendió el rechazo de sus socios. «Hay gente que ha utilizado el tema por ignorancia o por malicia», dijo.
En el plano político, el reproche fue más duro. El secretario de Organización del PSOE-A recriminó a la dirección de IU (sin nombrarla) que lanzase el mensaje de que no les habían informado del anuncio de la presidenta, dando una imagen de descoordinación dentro del Gobierno. «Algo sabían», dijo con sequedad. Desde el inicio de la legislatura, existe un órgano que se hace llamar comité de enlace, y que sirve para que máximos dirigentes de PSOE e IU coordinen la acción de Gobierno y el calendario de aplicación de las medidas del pacto. Cornejo desmintió a sus socios y subrayó que «quien lo tenía que saber, lo sabía» (sin mencionar a nadie), y que si al final estos no se dieron por enterado y votaron en contra fue «por falta de implicación o de conocimiento». Podría haber dejado ahí la crítica, dado que la Junta ya ha creado una comisión para analizar las casas ilegales caso a caso. Pero Cornejo optó por endurecer la crítica, rescatando (otra vez sin mencionarlo) el incidente de la Corrala Utopía. «Han salido a defender a personas que han ocupado una vivienda», enfatizando los «aspectos humanos», y ahora con la regularización de casas se mira «el problema y no el bien que se hace» a miles de familias que «están sin luz y sin agua».
Maíllo admitió que IU conocía la intención de Díaz de hacer un anuncio sobre la reforma de la LOUA, pero aclaró que los parlamentarios de su formación votaron en contra porque no conocían el fondo, por lo que instó a la presidenta a que aclare «qué afectación» tendrá la reforma de la ley. Recordó que este asunto «no está en el pacto firmado entre ambas formaciones y para el que se hace necesario una negociación». Aunque el líder andaluz de IU no está a favor de la regularización de viviendas ilegales, sí admitió que habrá que estudiar caso a caso, dejando la puerta abierta a que su formación apoye alguna reforma.
